El juicio contra un rehalero que presuntamente golpeó en la cabeza a cinco podencos hasta matarlos y arrojar sus cuerpos a la poza del arroyo de Cantarranas, en la capital cordobesa en mayo de 2022, previsto para este miércoles 24 de enero se ha suspendido, a pesar de estar fijado para esta fecha por parte del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba. 

La Asociación Galgos del Sur está personada como acusación popular y solicita una pena de siete años y seis meses de cárcel, mientras que la Fiscalía pide 18 meses de prisión por la supuesta comisión de un delito continuado de maltrato animal.

Según ha informado la abogada Dulce Aguilera, que ejerce la acusación con Galgos del Sur, del despacho jurídico Justicia Animales & Medio Ambiente, el juicio se ha suspendido después de que el acusado estaba en busca y captura y este martes se notificó a los testigos que se suspendía, si bien el procesado ha acudido a los juzgados, pero no se ha podido celebrar al faltar los testigos, de manera que se ha levantado la orden de búsqueda y captura y están pendientes de un nuevo señalamiento.

En concreto, los cuerpos de los podencos fueron hallados tras recibir avisos vecinales. La Guardia Civil pudo recuperar tres, pero, dadas las características de la zona, se precisó ayuda de la empresa municipal de Saneamiento de Córdoba (Sadeco) para recuperar los dos restantes.

La necropsia reveló que murieron a consecuencia de fuertes golpes en la cabeza, presentando múltiples fracturas en el cráneo, hundimiento del mismo y hematomas antemortem, según ha detallado la asociación. Cuatro de los cinco animales tenían microchip registrado a nombre de un cazador que confirmó su cesión     -de palabra- al acusado, sin realizar el cambio de titularidad obligatorio.

"Todo apunta a que el rehalero habría decidido poner fin a sus vidas después de considerar que ya no le eran de utilidad para el ejercicio de la caza", han apuntado, para agregar que "la inspección de las instalaciones propiedad del acusado reveló la presencia de todos los pasaportes de los perros fallecidos, así como 26 animales adicionales y sacos de pienso similares a los que contenían los cadáveres".

Galgos del Sur reclamó en su momento, como medida cautelar, la retirada de la licencia de caza y armas y la clausura y precinto de las instalaciones donde albergaba a los animales, así como el decomiso de estos, sin poderse haber realizado esta última petición debido a que estos fueron "regalados" antes de la intervención.

La asociación denunciante espera que "el juez imponga la pena máxima al acusado", para quien han pedido 18 meses de prisión por cada perro muerto, además de cuatro años de inhabilitación y la condena en costas. La Fiscalía también ha pedido los mismos años de inhabilitación.