El barrio de Cañero: ¿se queda sin nombre?

Algunas de las cuestiones que marca el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno andaluz de PSOE e IU y que iniciará en breve su recorrido parlamentario serán objeto de un amplio debate social. Por si había alguna duda al respecto, el propio director general de Memoria Histórica de la Junta, Luis Naranjo, lo puso en evidencia al explicar algunos detalles de esa nueva normativa y advertir, por ejemplo, que no tendría sentido que el actual barrio de Cañero en la capital cordobesa tuviera esa denominación, ya que hace referencia a una persona considerada por Naranjo como "un genocida" de la dictadura franquista. Cierto es que el dirigente lo puso como ejemplo, pero añadió que casos como el de Cañero no se dan en otros países europeos -Francia o Alemania-, donde "nadie" pondría a una calle el nombre de una persona vinculada al fascismo.

El director general precisó que sería el Ayuntamiento el que tendría que cambiar esa denominación de un populoso barrio cordobés que lleva ese nombre porque Antonio Cañero cedió esos terrenos para la construcción de viviendas. Además de militar y de participar en el lado franquista durante la Guerra Civil, Cañero fue también rejoneador.

A la pregunta de si los vecinos de esta barriada aceptaría ese hipotético cambio de nombre que plantea la Junta de Andalucía, Luis Naranjo apuntó que algunos seguramente sí y otros no, si bien precisó que la mayoría acabará entendiéndolo, ya que este tipo de situaciones se dan todavía en Andalucía debido al "déficit democrático" que aún se vive en la sociedad.

Al igual que con el barrio de Cañero, en la ciudad hay más casos en los que la nueva legislación obligará a una serie de cambios, si bien Naranjo indicó que todavía está en fase de redacción el conjunto de espacios que podrían ser retirados o modificados. El director general de Memoria Democrática insistió en que lo que persiguen es la eliminación de "todos los símbolos franquistas que humillan a las víctimas" e insistió en que la nueva normativa "no pretende ser una ley de la izquierda, sino de los demócratas" en la misma línea que han actuados otros países de Europa, en los que "la derecha participó en las cultura antifascista". Así, en tono conciliador, Luis Naranjo aseguró que "el PP es un partido democrático y espero la máxima colaboración".

Además, el dirigente hizo extensible esa petición de entendimiento a los ayuntamientos cordobeses, de los que dijo que muchos de ellos están por la labor. El único caso al que hizo mención en la misma comparecencia el representantes de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba, Pedro García, es el del Ayuntamiento de Obejo, con cuyo alcalde "estamos teniendo problemas" para la autorización de cara a realizar exhumaciones de represaliados. Al igual que en otros casos, una vez que la ley esté en vigor los municipios tienen 18 meses para adaptarse a la misma y, en caso de no hacerlo, la Junta de Andalucía podría intervenir de oficio, en el caso de Obejo mediante una expropiación temporal de los terrenos en los que actuar.