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Desayunos de Redacción | El futuro del servicio de la ayuda a domicilio

La ayuda a domicilio necesita más financiación para su sostenibilidad

  • Empresas, sindicatos y administraciones coinciden en que el servicio tiene que dignificarse, avanzar en la profesionalización y llegar a un pacto estatal

La ayuda a domicilio necesita más financiación para su sostenibilidad.

Empresas, sindicatos y administraciones coinciden en la necesidad de una mayor financiación para que la ayuda a domicilio sea sostenible. El servicio se enfrenta a diferentes retos de futuro, entre los que destacan su dignificación, una mayor profesionalización de las trabajadoras (más del 90% son mujeres) y la falta de un pacto estatal.

Estos son algunos de los puntos sobre los que ha girado el desayuno de redacción El futuro del servicio de ayuda a domicilio en la provincia, organizado por el Día con la colaboración de Clece, que ha reunido a representantes de los sectores implicados en este sector.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela; la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Inmaculada Troncoso;la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Timoteo;el gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, Javier Quijada; el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (Fesp) de UGT, José Juan Fernández; y el delegado territorial de Clece, Kader Miguel Djebbour; han participado en esta mesa moderada por el director de el Día, Juan Ruz. En el debate, los intervinientes han realizado una radiografía del servicio a través de un recorrido por su historia, su evolución y sus claves de futuro.

Realidad y retos

El representante de UGT ha confirmado que la realidad de la ayuda a domicilio “no es muy halagüeña”. Así, ha recordado que al inicio de la Ley de Dependencia, en 2006, había dudas sobre quiénes tenían que asumir el trabajo de cuidador y en qué categoría profesional se incluirían. Había otra realidad, y es que en los ayuntamientos pequeños la puesta en marcha de este servicio era una forma de generar empleo. Tras 14 años, se ha producido una profesionalización de un trabajo en el que más del 95% son mujeres. “Han hecho un gran esfuerzo en sacarse un título, pero no ha habido una contraprestación”, ha aseverado Fernández.

En ese sentido, ha denunciado que para cubrir el servicio se le ha dado “un gran protagonismo a la empresa privada”, mientras que las administraciones no están ejerciendo un control para que no se vulneren los derechos de los trabajadores cuando en realidad deberían “velar por todos los ciudadanos, tanto por los que necesitan este servicio como por los que lo prestan”.

Por ello, ha insistido en la necesidad del cumplimiento y actualización de los convenios colectivos y ha denunciado la infrafinanciación del servicio, ya que los pliegos salen con los costes salariales por 13 euros la hora y según un estudio de UGT la cifra real sería de unos 14,60. “Y las empresas no van a ir a pérdidas”, lo que refleja que los convenios no se cumplen.

Por su parte, el delegado territorial de Clece ha coincidido en que uno de los retos del sector es la dignificación salarial mediante convenio colectivo y ha apuntado que se trata de un servicio público independientemente de que lo preste una empresa privada. Al respecto, Djebbour ha afirmado que Clece lleva dos años sin presentarse a concursos por el bajo precio al que se licita. “Por 13 euros, o la empresa pierde dinero o lo pierde la plantilla”, ha apostillado. Así, fue contundente al asegurar que las administraciones tienen poner más financiación para la ayuda a domicilio encima de la mesa.

Un momento del Desayuno de Redacción. Un momento del Desayuno de Redacción.

Un momento del Desayuno de Redacción. / Juan Ayala

En esa línea, ha detallado que ya empieza a haber ayuntamientos andaluces que han subido el precio, como por ejemplo el de Sevilla (17 euros) o Fuengirola (15,45 euros), aunque quedan muy lejos de los 30 euros que se pagan en Navarra. Es por esto que ha pedido la negociación de un convenio a nivel autonómico y ha reclamado a las empresas que no se presenten a concursos por 13 euros.

En este sentido, Timoteo ha anunciado que el Ayuntamiento de Córdoba sacará a licitación el próximo pliego por 14,60 euros, por lo que la cuantía va a sufrir un aumento. La delegada de Servicios Sociales ha criticado que sean los entes municipales los que marquen las reglas del juego de un servicio que “debería ser objeto de protección absoluta”. A su juicio, “la responsabilidad debería asumirla claramente el Gobierno de España” para que no haya desigualdades en la atención a los usuarios dependiendo de su lugar de origen. Así, ha puntualizado que la mejor forma de cuidar a las personas es teniendo a trabajadores contentos con sus condiciones laborales.

Para Rafaela Valenzuela, hay que cambiar la forma de abordar este asunto porque “sostenible es lo que una sociedad determina que son sus prioridades”, por lo que ha abogado por buscar fórmulas para lograr esa sostenibilidad.

Por otro lado, ha insistido en la complejidad de la dependencia, que afecta a personas de todas las edades, resaltando que la ayuda a domicilio “no es un trabajo más y hay que establecer una empatía” ya que “el cuidador no puede ser un cuerpo extraño en la familia. Además, ha resaltado que la sociedad va a dos velocidades, a una en las grandes ciudades y a otra en los pueblos, una circunstancia a la que las empresas se deben adaptar.

Por último, Troncoso ha indicado que la demanda de ciclos formativos de ayuda a la dependencia “es altísima” y “se están dando pasos interesantes” en este campo. Sobre la financiación, ha animado a “sentar unas bases, unos acuerdos de mínimos” porque en la actualidad el Gobierno andaluz soporta un 82% del presupuesto a la Dependencia, de forma que se está incumpliendo la ley de 2006. “Si el Estado cumpliera, ese dinero se destinaría a reducir listas de espera”, ha recalcado.

En su discurso ha destacado también la parte humana; es decir, “la necesidad de que las personas sean ayudadas y que las administraciones cuiden de los cuidadores” porque “el fin último son las personas”. En ese sentido, el gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba ha apuntado que “los derechos no pueden pisarse unos a otros”, a la vez que ha insistido en que “en Andalucía deberíamos sentarnos a negociar un convenio colectivo”. Desde su experiencia, ha contado que desde la Diputación se trabaja en mayor coordinación con los municipios para las licitaciones, mientras que ha apostillado que “la ley de contratos no está pensada” para este servicio.

Recorrido histórico

Valenzuela ha recordado también que los derechos de las personas con discapacidad surgen con la aparición del Estado del Bienestar, a lo que Timoteo ha agregado que “los legisladores se suman un poco tarde a las necesidades de los ciudadanos”.

Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de la Fesp de UGT ha indicado que en la primera mitad del siglo XX se empezó a tener en cuenta a las personas dependientes, mientras que en la segunda mitad, la incorporación de la mujer al mercado laboral supuso un cambio al ser la figura femenina la que tradicionalmente cuidaba de los mayores.

Fue en el tercer tercio del siglo XX cuando se empezaron a desarrollar planes concertados. A partir de 2006, con la Ley de Dependencia, se genera “una gran ilusión” tanto por la atención que podrían recibir las personas que lo necesitaran como por la generación de empleo que supondría este sector.

El responsable de Clece ha apuntado que en Andalucía esta ley generó un boom ya que la cobertura de residencias es baja, lo que, unido a las condiciones climáticas, provoca que muchos mayores quieran vivir en sus casas. En la comunidad autónoma la norma se aprobó en 2007 y en 2008 empezó a rodar, pero no había personal formado para trabajar en este ámbito. Entonces, “había que dignificar el servicio, profesionalizarlo”. El representante de la empresa ha incidido, junto con el resto de ponentes, en la necesidad de sacar este asunto del debate político.

Quijada, por su lado, ha destacado que no es lo mismo prestar ayuda a domicilio en la capital que en los municipios y, sobre todo, en las aldeas. Desde su experiencia, ha relatado cómo en 2008 “todo el mundo quería la prestación económica, pero ahora sí solicitan a una persona”.

A esto, Troncoso ha añadido que desde que salió la ley, la población envejecida ha ido en aumento, sobre todo en zonas rurales. La ayuda a domicilio es “el servicio estrella” de la Dependencia, de hecho, el 75% de las personas en esta situación la solicitan, por eso “habría que mejorar, pero manteniendo lo que está bien”. Además, ha resaltado que este trabajo es una forma de “aferrar” al territorio a las personas que se dedican a él, por lo que es una baza contra la despoblación.

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