Aumentan un 14% en Córdoba los procedimientos judiciales por tráfico de drogas

Los procedimientos judiciales por narcotráfico en Córdoba han experimentado un significativo crecimiento en tan solo un año. Tal y como lo refleja la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 publicada este viernes, la cifra de procedimientos por tráfico de drogas en el conjunto de Andalucía es de 5.276, una cifra que arroja crecimiento en todas las fiscalías provinciales, salvo en Huelva donde decrece ligeramente el número.

Los aumentos más "reseñables" han sido de un 16,56% y de un 13,65% en las provincias de Jaén y Córdoba respectivamente, que son aquellas en las que no se cuenta con delegado. La provincia cordobesa, por tanto, se acerca a un crecimiento de casi un 14% en los procedimientos de este tipo. El mayor aumento en el número de procedimientos judiciales por drogas se observa en Málaga con un 28,65% más que en 2023, que se consolida en números globales como la tercera provincia, tras Barcelona y Madrid, por este orden, con más procedimientos sobre tráfico de drogas.

Este aumento tanto en Córdoba como en Andalucía se debe "a que la presión policial en el Campo de Gibraltar desplaza las actividades de los narcotraficantes a la Costa del Sol y siguen incrementándose los lugares en la zona de Axarquía donde se introducen las embarcaciones semirrígidas, pero sobre todo refleja la ya conocida y preocupante instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales".

Así lo señala la memoria de la Fiscalía de 2024, donde se resalta que "en general Andalucía sufre, más allá de la entrada de cocaína a través de los puertos, el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís para distribuir por Europa, una actividad que deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho de Gibraltar, que separa en solo 14 kilómetros a la península de Marruecos, país productor del hachís".

470 investigados en un macrofraude a la Seguridad Social

La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha informado de un procedimiento "de singular volumen y complejidad" por delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social. Como explica la memoria, se trata de un entramado de empresas meramente instrumentales que generaban altas formales con contratos de trabajo ficticios para obtener prestaciones por desempleo, maternidad e incapacidad. El importe de la defraudación es de unos dos millones de euros.

La causa cuenta con 470 investigados por la Fiscalía y se estructura con una pieza principal y numerosas piezas separadas. El procedimiento de dicho caso está pendiente de la celebración del juicio.