Los argumentos presentados por Jaén Merece Más para acusar al Ministerio de Defensa de prevaricación en la elección de Córdoba como sede de la base logística del Ejército de Tierra carecen de fundamentos. Es la conclusión a la que llega la Fiscalía, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid que archive las diligencias abiertas. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público concluye que los hechos denunciados “no colman” los requisitos exigidos por el delito de prevaricación, por lo que aconseja a Jaén Merece Más que acuda a la jurisdicción contencioso administrativa si lo considera pertinente.

La plataforma ciudadana jiennense presentó su denuncia el pasado 10 de mayo, meses después de conocerse que Córdoba era el lugar designado por Defensa para acoger el proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra, incluido en el Plan de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales (el denominado Plan Colce).

Era un proyecto que en la provincia vecina esperaban como maná para solucionar sus endémicos problemas económicos. Y, de hecho, sus representantes públicos mantuvieron reiterados contactos con la Secretaría de Estado de Defensa para defender su candidatura. La Fiscalía refiere al menos cuatro reuniones entre el alcalde jiennense, el socialista Julio Millán, y responsables municipales con altos cargos del Ministerio y mandos de primer nivel del Ejército de Tierra a lo largo de 2020; el 20 de diciembre, presentaron formalmente su programa.

Pese a este interés, el pasado 4 de febrero el Gobierno central emitía un comunicado público con la resolución: “Córdoba acogerá el proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra”. Supuso un jarro de agua fría para Jaén, que denunció los hechos por vía penal. Estos son los cuatro argumentos de la Fiscalía para solicitar el archivo.

1. La nota de prensa, sin validez administrativa

Es precisamente el primer comunicado del Gobierno, con la validez jurídica de una simple nota de prensa, el documento que Jaén Merece Más toma como eje central de su denuncia, lo que la Fiscalía afea por varios motivos. En primer lugar, porque esta comunicación “carece de los presupuestos necesarios para configurarse como acto administrativo decisorio del procedimiento”, y por tanto no puede ser perseguido penalmente.

Pese a ello, la denuncia insiste en “posibles irregularidades y arbitrariedades” en la tramitación, “pero sin concretarlas”, insiste la Fiscalía, quien censura igualmente que Jaén Merece Más vea una “actitud prevaricadora” en este oscurantismo. “Si bien es cierto que nada consta respecto a la tramitación formal del expediente, no puede conllevar a la conclusión de que se esté tramitando de forma prevaricadora”, advierte el representante del Ministerio Fiscal en el informe remitido al juez y en el que solicita el sobreseimiento provisional de las pesquisas.

2. Sin documentos que apuntalen el tipo penal

Y profundiza más. “El denunciante carece de documentos relacionados con el expediente, y en el marco administrativo no ha obtenido ningún tipo de resolución o decisión respecto a sus intereses”, advierte el Ministerio Público, que detalla que la plataforma ciudadana ni siquiera impugnó en la jurisdicción contenciosa administrativa la negativa de Defensa de entregarle los expedientes que explicarían por qué el destino final elegido fue Córdoba. Así que “no existe unida a la denuncia resolución alguna que permita predicar de ella caracteres de prevaricación”, plasma el fiscal en su escrito de manera reiterada.

3. Las "injerencias políticas", una "conjetura"

Tampoco comparte el Ministerio Público que el denunciante achaque a “injerencias políticas” la no adjudicación de la sede a la ciudad de Jaén pese a las altas expectativas existentes. Para la Fiscalía, se trata simplemente de una “conjetura”.

4. Una investigación "prospectiva"

“Por tanto, nada se ha podido corroborar por el denunciante respecto a la arbitrariedad en la tramitación del procedimiento”, zanja el Ministerio Fiscal, que concluye que esto “impide el inicio de una investigación penal”, por cuanto entiende que, de iniciarse, sería “prospectiva”. Es decir, abrir una investigación penal para buscar pruebas que armen el expediente en virtud de meras conjeturas o sospechas, en lugar de contar desde el inicio con indicios contundentes que lleven a investigar la decisión del Ministerio de Defensa en favor a Córdoba.