Cuatro de los ocho acusados el juicio del caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba han reconocido ante la juez del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital los hechos por los que han sido procesados y que las acusaciones consideran que constituyen la supuesta comisión de delitos continuados de falsedad en documento público y en uno de los casos también por fraude en subvenciones concedidas por la Junta.

Por otra parte, el acusado que no se presentó el primer día de señalamiento tampoco lo ha hecho en esta jornada, por lo que la juez mantiene la orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión y en caso de no comparecer el 5 de marzo, cuando continuarán las sesiones con los restantes acusados que no han reconocido los hechos, se declarará en rebeldía y una vez que sea localizado se le juzgará.

En la sesión de este miércoles, los cuatro encausados han prestado su conformidad con los hechos, destacando que una mujer procesada ha manifestado que ha ingresado en la cuenta del Juzgado una cantidad como "reparación del daño".

De esta manera, el fiscal y el letrado de la Junta de Andalucía han renunciado a todos los testigos vinculados con dichos procesados, para quienes inicialmente el Ministerio Público ha solicitado sendas penas de tres años de cárcel y multas de 27.000 euros para tres de ellos y 300.000 euros para quien igualmente está acusado de fraude en subvenciones.

Entretanto, los restantes procesados se enfrentan a las mismas penas de prisión y multas, excepto el hombre fugado de la justicia, para quien sí piden los mismos años de cárcel, pero la multa es de 300.000 euros al estar también acusado de un delito de fraude de subvenciones.

La calificación del Ministerio Público recoge que por orden de la Consejería de Empleo del 23 de octubre de 2009 y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010/2011 se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con compromiso de empleabilidad.

De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.

A juicio del Ministerio Público, se han inflado algunas facturas que se han tenido que entregar para justificar el uso de las subvenciones. Entre algunos ejemplos, advierte de "gastos desproporcionados" en costes directos, con gasto en material docente "sobredimensionado". 

Las irregularidades "más graves"

Igualmente, entre "las irregularidades más graves detectadas" cita "el incumplimiento" de compromisos de contratación, al "simular haber ofrecido presuntos contratos laborales a alumnos y mediante un ficticio informe, fuera totalmente de plazo, ha justificado la negativa de éstos a ser contratados". Así, el fiscal avisa de distintos "perjuicios al erario público".

Asimismo, explica que supuestamente ha habido "manipulación de las firmas de alumnos, con el fin de demostrar de manera irregular, tanto la entrega de materiales, como las calificaciones de alumnos, que nunca llegaron a realizarse por los interesados".

Por otra parte, sobre facturación, en una de las entidades "se imputan gastos de establecimiento, cuando la sede es propiedad de la empresa" beneficiada con subvención, al tiempo que "los recibos de material del curso están sin firma de los alumnos" y supuestamente hay "falta de rigor" en los procedimientos de selección, donde "se aprecian graves irregularidades".

Cabe señalar que en esta causa figuraban también funcionarios y autoridades de la Junta en legislaturas pasadas, que han quedado exonerados, pues, según la Fiscalía, no se puede demostrar la connivencia de estos con los presuntos autores de los fraudes.