El miedo a perder un empleo provocó un drástico freno del absentismo laboral en Córdoba como en el conjunto de España durante los años más duros de la crisis, pero la recuperación económica y la mayor estabilidad en el empleo han conseguido en los dos últimos años todo lo contrario, que las faltas al trabajo repunten y se vuelva a ratios récord. El año pasado cerrará (según las previsiones) con 46.060 procesos por Incapacidad temporal por Contingencias Comunes (ITCC), un 9,95% más de las que se registraron solo un año antes, según refleja un estudio realizado por Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), al que ha tenido acceso el Día.

En los momentos más profundos de la crisis económica, la reducción de los indicadores de ITCC se explicó desde algunos ámbitos por el miedo de los trabajadores a perder el trabajo y, desde otros, por la reducción de un uso indebido de su utilización. Seguramente, una mezcla de ambas causas, en su proporción, llevó consigo esa reducción.

Durante el año 2015 y especialmente durante 2016 es más que probable que estas mismas causas puedan ser las que estén detrás de un significativo incremento del absentismo por bajas laborales. Dicho de otra forma, la mejora de la economía puede ser el empuje para que "se esté perdiendo el miedo a perder el trabajo y se esté haciendo en mayor medida un uso indebido de esta prestación", según explican desde AMAT.

El absentismo no solo conlleva unos costes directos derivados del pago de las prestaciones de la Seguridad Social que cobra el trabajador de baja por contingencias comunes y del complemento salarial que abona la empresa, en el caso de que así lo contemple su convenio colectivo. También supone unos costes indirectos (hasta cuatro veces superiores al importe directo) como los provocados por el tiempo de búsqueda y sustitución del empleado de baja, la formación para la adaptación del sustituto al puesto de trabajo y la pérdida de calidad que esto puede suponer.

En términos económicos, los datos que traen consigo los procesos por incapacidad que se iniciaron a lo largo del año pasado son 76,5 millones de euros en gasto de prestaciones, en la media de la mayoría de las provincias de Andalucía, donde esa cantidad asciende a los 796,7 millones. En este caso, las provincias donde más se gastó en pagar estas bajas fueron Málaga y Sevilla, dada la mayor cantidad de población, con cantidades que superan y mucho a las registradas en el resto de Andalucía. Más de 225 millones de euros se desembolsaron en Sevilla y más de 140 en la provincia malagueña; la provincia con menos gasto fue Huelva con algo más de 54 millones de euros.

En Córdoba suben los procesos hasta el punto de que cada día se inician 126 en algún punto de la provincia y también lo hacen los períodos medios en los que el trabajador se mantiene de baja. Si en 2015 eran unos 54 días los que duraba la incapacidad (en el caso de los trabajadores por cuenta ajena), un año después esa media se incrementa hasta rozar los 57 días.

Según un informe que presentó el pasado mes de enero Asepeyo, los días de las semanas en los que se producen más bajas son los lunes, cuando se da el 28% de las ausencias y el 20%, los martes. Las dolencias que acumulan más casos de bajas son las de la columna lumbar (13%), seguidas de las enfermedades psiquiátricas (11%) y las gripes. Mientras que por la duración media, las de menos días son las gripes (6,22 días) e infecciones (14). En el otro extremo se sitúan las afecciones oncológicas (87 días) y las cardiacas (61 días). En cuanto a los sectores, donde se producen más casos de absentismo figuran en primer lugar los servicios auxiliares y de recogida de residuos. Mientras que en las últimas posiciones se sitúan las actividades profesionales y científicas e información y comunicaciones.

Desde la patronal de las mutuas se insiste en que, a pesar de los esfuerzos normativos realizados, la "separación radical" de funciones entre quien satisface la prestación económica (mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y entidades gestoras de la Seguridad Social) y quien hace lo propio con la asistencia sanitaria (los servicios públicos de Salud), "lleva consigo una excesiva carga burocrática, a la que hay que añadir, especialmente, los condicionantes particulares de cada una de las instituciones, todo lo cual tiene como resultante lo que podría definirse como un absentismo estructural".