La historia vuelve a empezar. Después de seis meses con el alma en vilo viendo peligrar el cobro de la multa que en su día impuso el Ayuntamiento al empresario Rafael Gómez por la construcción sin licencia de las naves de Colecor, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) volvió a iniciar ayer el expediente sancionador antes de que éste caducase. Un juez advirtió en febrero que el proceso municipal para el cobro de esta sanción podía caducar, motivo por el que se encendieron todas las luces de alarma y se inició de nuevo el proceso que ahora ha concluido, según ha podido saber este periódico, con la fijación de la sanción en 24,6 millones de euros, la misma cantidad que en el anterior expediente.

La GMU ya ha notificado a Gómez, propietario de Arenal 2000, el importe de la sanción y el empresario tiene un mes para presentar una reclamación ante el Consejo de Reclamaciones Económico Administrativas (CREA) del Ayuntamiento o la más probable de iniciar un proceso contencioso cuya primera instancia ante la que apelar es el órgano que ha impuesto la sanción. Al igual que ocurriera en el anterior proceso, esto supondrá un largo litigio que hasta el momento ha acumulado una documentación que supera los 820 folios repartidos en tres gruesos tomos.

Este proceso previo para fijar de nuevo la cuantía de la sanción se ha resuelto en tres meses y medio y ha finalizado con el rechazo de la totalidad de las alegaciones presentadas por el empresario. La GMU lo inició en marzo, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba encontrase motivos para creer que la famosa multa de Colecor, la más alta que se ha impuesto en la historia del Consistorio, hubiese caducado, lo que ocurriría el 8 de marzo de 2010, que es cuando se cumplen cuatro años desde que la GMU inició el expediente por la construcción de las naves.

Este proceso fue iniciado cuando el presidente de la GMU era Andrés Ocaña y el cierre de esta fase le ha correspondido a Francisco Tejada, su sucesor. En este tiempo, los servicios técnicos de Urbanismo han practicado un total de once pruebas, siete propuestas por Rafael Gómez y las cuatro restantes de oficio. Desde marzo hasta ahora, se han celebrado tres trámites de audiencia, en los que la parte ha podido presentar sus alegaciones. La primera fue al inicio del proceso, durante el mismo y antes de redactarse la propuesta de sanción.

En el tiempo en que estuvo vigente la anterior multa, el Ayuntamiento llegó a incluir los 24,6 millones de la sanción como una previsión en el capítulo de ingresos para lograr el equilibrio del presupuesto municipal que se ha tenido, que descolgar en su última edición debido a que el proceso se había vuelto a tramitar.

Aunque hubo unas semanas en las que estuvo en el aire el cobro de la multa -el PP llegó a afirmar que si no se ingresaba este dinero peligraban las arcas municipales-, desde el Gobierno municipal siempre se defendió que este dinero se haría efectivo. La ex alcaldesa Rosa Aguilar comentó, incluso, que la multa se cobraría aunque hubiese caducado.

Gómez inició la construcción de las naves el 7 de febrero de 2005 y terminaron el 8 de marzo de 2006, momento en que Urbanismo comenzó la tramitación del expediente sancionador, para lo que contaba con un plazo de cuatro años. El litigio de la caducidad se inició porque Arenal 2000 entendía que el plazo debía contarse desde el inicio de la obra y no a su conclusión. Aparte de al interesado, la Gerencia ha notificado también la cuantía de la multa a los portavoces de los tres grupos municipales.