El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, tiene previsto llevar el próximo lunes al Consejo Rector de este organismo dependiente del Ayuntamiento el expediente de innovación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepch) para la tan demandada por los vecinos implantación de energías renovables y autoconsumo en construcciones y edificaciones en esta zona de la ciudad. 

En es propuesta se insiste en que "se considera procedente, tras el análisis realizado y considerando el periodo transcurrido desde la entrada en vigor del Pepch y su correspondiente catálogo de elementos protegidos, aprobado definitivamente en 2003, iniciar la innovación.

Y lo justifica "por razón de la mejora del bienestar de la población y el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística, para adaptación a la situación actual de emergencia climática, reducción de emisiones y huella de carbono, mediante energías limpias y renovables, en la medida que resulten compatibles con el régimen de protección aplicable al Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural, incluido en la Lista de Patrimonio Mundial y cuya preservación es un objetivo prioritario de la administración municipal". 

Asimismo, añade que "resulta una cuestión compleja, integrando un debate que no es exclusivo de la ciudad de Córdoba, pero también es necesario, en la medida de lo posible, facilitar la vida cotidiana de los residentes y las actividades compatibles que permitan que nuestro Casco Histórico siga siendo una parte viva y dinámica de la ciudad, por lo que se considera procedente la incorporación por urgencia en el orden del día del asunto y la adopción de acuerdos sobre el mismo".

El el documento se insiste en que la innovación debe estar basada prima facie en la mejora del bienestar de la población y en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística, es decir, en el interés general. Interés público que debe ser ponderado, dado el carácter imperativo de dichos artículos (“En todo caso”, “deberá”), con carácter previo a la realización de cualquier trámite o actuación conducente a su aprobación.

La GMU ha diseñado unos planos que indican las posibles líneas de actuación en tres zonas divididas por color. La zona gris (los edificios sin tutela por parte de la Consejería de Cultura) comprende las viviendas donde, a día de hoy, se puede realizar cualquier instalación sobre cubierta, como antenas o aires acondicionados, y serán los primeros en poder beneficiarse de la medida a través de una declaración responsable.

En los edificios de la zona salmón será necesario el informe positivo de los técnicos municipales y de Cultura para instalar las placas, mientras que en la zona roja será imprescindible, además del informe de Cultura y Patrimonio, que las instalaciones fotovoltaicas sean las de máxima tecnología disponible, para afectar lo menos posible el entorno.

El responsable de Arqueología de la GMU, Juan Murillo, ya destacó que la complejidad de la situación, sin embargo, casi obligará al Consistorio a revisar caso por caso. En un Bien de Interés Cultural, sin embargo, "hay que hacerse a la idea de que será poco menos que imposible", destacó Murillo, porque, por ejemplo, sería como colocar una placa solar en la cubierta de la Mezquita-Catedral, una idea inconcebible. Poder evaluar la situación particular de estos edificios va a obligar a modificar al menos siete artículos del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PECH).

Ayudas para instalar las placas

Habrá edificios donde, dada la imposibilidad de instalar captores fotovoltaicos con los condicionantes tecnológicos actuales, Urbanismo deberá impulsar medidas de incentivación del ahorro energético mediante programas específicos de subvenciones adaptados a las peculiaridades de cada caso, o bien explorando otras fuentes de energía limpia como la geotermia o la aerotermia, que son alternativas mucho más costosas y para las que los vecinos necesitarán de esas ayudas económicas. 

Esta propuesta, por zonas, fue presentada por la Asociación de Vecinos del Casco Histórico y Urbanismo ha trabajado en ella durante al menos seis meses, pues se trata de una realidad compleja de abordar. Y es que el Conjunto Histórico cuenta con 240 hectáreas y 120 edificios protegidos que hay que preservar, sin que esto conlleve la imposibilidad de los vecinos a mejorar su calidad de vida y abaratar la factura de la luz. 

La preservación de esta zona de la ciudad es un objetivo prioritario de la administración municipal pero, al mismo tiempo, el Ayuntamiento busca crear el equilibrio que permita conciliar la vida vecinal y que la parte histórica del Centro "no sea solo un museo", tal y como ha destacado Salvador Fuentes. 

La lucha contra la ilegalidad

En sus aportaciones, las asociaciones de vecinos reconocen la inviabilidad de instalar placas solares de un modo indiscriminado y, además, indican que la regulación deberá dar respuesta a necesidades reales y con criterio de eficiencia.

En este sentido, Salvador Fuentes ya informó de que, además, desde el Ayuntamiento van a actuar sobre la instalación de placas de manera ilegal para "poner punto y final" a las placas sin permiso que se han instalado en la ciudad en los últimos años. 

La inclusión de parte del Conjunto Histórico de Córdoba en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco obliga a la ciudad a una serie de compromisos que vienen regulados por la Convención del Patrimonio Mundial, máximo instrumento a nivel internacional, y que, en caso de no ser convenientemente atendidos, pueden llevar a la inclusión del bien en la Lista del Patrimonio en Peligro e, incluso, a su exclusión de la Lista del Patrimonio Mundial. Hasta ahora, la ciudad goza de buena salud al respecto.