El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobó a finales del año pasado dar un año más de prórroga a los plazos para pasar la llamada Inspección Técnica de Edificios (ITE), en tanto se produce finalmente la aprobación definitiva y la entrada en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (Ocrer). Esa prórroga es concretamente "por un año más o hasta la entrada en vigor de la ordenanza". Esta medida irá al Pleno del próximo jueves para su ratificación. La elaboración de la nueva ordenanza se aprobó por el Pleno el en febrero de 2016 y desde entonces, por diversos motivos administrativos aún no ha visto la luz. 

El objetivo de la ITE que está en marcha desde 2012 es el de, como apunta en su artículo 1, el de "regular la obligación de los propietarios de construcciones y edificios con una antigüedad superior a 50 años, destinados preferentemente a uso residencial, de realizar periódicamente una inspección técnica dirigida a evaluar la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, así como a determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible". Asimismo, establece de forma general el plazo máximo para solicitar licencia a efectos de la inclusión de solares y casas ruinosas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

El incumplimiento por parte del propietario de su obligación de cumplimentar en tiempo y forma la Inspección Técnica de la Edificación, constituye una infracción cuando afecte a construcciones o edificaciones catalogadas o protegidas. En esos casos, las cuantías mínimas de las sanciones a imponer son de 600 euros, en el caso de las leves; de 3.000, en el caso de las graves; y de 6.000, en en caso de las muy graves. La ITE debe presentarse en la Gerencia Municipal de Urbanismo por los propietarios si el edificio en cuestión tiene más de 50 años de antigüedad al año siguiente de cumplir el medio siglo. Ese informe técnico deberá ser renovado diez años después con otra nueva inspección.

Tras su aprobación en 2012, durante 2013 quedaron obligados a tener la ITE los inmuebles que tuvieran un siglo o más de vida y que se encontraran protegidos por alguna Administración. En 2014 fueron los que tenían más de 75 años y a partir de 2015, aquellos que contaran con más de 50 años.

El presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ya indicó al respecto que el Consistorio espera contar con la nueva ordenanza este mismo año y que además tiene la intención de incluir una partida de medio millón de euros en el presupuesto de 2023 para impulsar ayudas dedicadas a las comunidades de vecinos y familias que no puedan asumir el coste de una obra de reparación. 

Según el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027, que hizo un diagnóstico del estado de los inmuebles en la ciudad y determinó que el distrito Centro es el que más viviendas tiene peor estado de conservación, concretamente el 34% del total. O lo que es lo mismo, en la ciudad de Córdoba hay en total 3.382 inmuebles en mal estado de conservación, de los que 1.153 pertenecen al distrito Centro.

Fuentes señaló que “esta nueva ordenanza constituye un paso decisivo, que supondrá abordar por parte del Ayuntamiento una solución adecuada a una realidad y un problema histórico debido a la antigüedad de muchas de las edificaciones del parque de viviendas de la ciudad, combinando el legítimo interés general de protección y seguridad del patrimonio edificado con el interés particular de cada uno de los ciudadanos, que según los casos, puedan verse afectados".