La Universidad de Córdoba renueva cerca de 2.700 convenios de prácticas para pagar las cuotas de la Seguridad Social

Desde el pasado 1 de enero, las universidades de España están obligadas a pagar las cotizaciones del alumnado que realiza prácticas curriculares y que son necesarias para la obtención del título de grado. Se trata de una ley aprobada por el Gobierno central que obliga a que los estudiantes coticen a la Seguridad Social. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO) es la institución académica la que ha asumido el pago de las cuotas.

Para ello, según los datos a los que ha tenido acceso El Día del área de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, se han reservado 90.000 euros de sus presupuestos para hacer frente al pago de las cuotas. Además de la partida económica, sobre la institución académica recae también la gestión de altas y bajas, una tarea que no asumen ni el resto de administraciones ni empresas, tal y como ya criticó la Conferencia de Rectores (CRUE) recientemente.

En un comunicado, la CRUE aseguró que las universidades "nos sentimos agraviadas, en términos comparativos, al conocer cómo desde el Gobierno se ha asumido la gestión y coste de las prácticas correspondientes al estudiantado de FP, sin dar el mismo tratamiento al estudiantado universitario, lo cual establece un evidente principio de discriminación".

Los rectores también alertaron en este comunicado de que "la enorme dimensión y heterogeneidad del colectivo estudiantil plantea numerosas dudas a la hora de realizar los procesos de altas y bajas". "Algunas dudas han sido efectivamente resueltas, pero aún quedan por resolver otras muchas que afectan, por ejemplo, a cómo actuar con el estudiantado en movilidad saliente o entrante o con el estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través de Muface", indicaron.

Desde la Universidad de Córdoba, además de gestionar las altas y bajas se ha abordado la tarea de renovar más de 2.700 convenios de prácticas para normalizar esta situación. Una tarea que, según las fuentes consultadas por este periódico, comenzaron a poner "desde hace antes del verano tras conocer la modificación de esta normativa".

En la UCO, han detallado, "estamos realizando todas las adaptaciones necesarias para llegar a tiempo el 1 de enero con todos los aspectos técnicos y burocráticos resueltos", ha señalado. Y es que, este ajuste ha provocado que la institución académica haya tenido que incorporar adendas a los citados cerca de 2.700 convenios de prácticas "para que puedan contemplar la inclusión del alumnado".

Las universidades españolas han calculado que desde el pasado 1 de enero deben gestionar el alta a la Seguridad Social de 400.000 estudiantes en prácticas al año en total "ante la negativa de empresas e instituciones de asumir su cotización", según denunciaron. Además advirtieron que esta nueva carga administrativa puede conducir al "colapso" de sus servicios. En el caso de la Universidad de Córdoba, son 4.376 los estudiantes de grado y másters los que realizarán prácticas curriculares a lo largo del actual curso académico.

El pasado mes de junio, el Gobierno central aplazó hasta el 1 de enero de 2024 la inclusión en el sistema de Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas, una medida que debía entrar en vigor el 1 de octubre y que formaba parte del último tramo de la reforma de las pensiones.

Tras su entrada en vigor, los efectos de la cotización a la Seguridad Social dan los derechos correspondientes al alumnado, salvo la protección por desempleo, la cobertura del fondo de garantía salarial y por formación profesional. No obstante, si se trata de prácticas no remuneradas se excluye también la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Además, las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, deberán ser abonadas por la entidad gestora, o en su caso, por la mutua colaboradora.

La Junta de Andalucía, por su parte, ya ha informado de que asumirá el coste de la cotización de la Seguridad Social de los 28.000 estudiantes universitarios que realicen en prácticas en la Administración y en sus entes adscritos de manera que no suponga un coste añadido para las universidades públicas andaluzas.

Esta partida, según ha indicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ronda los 420.000 euros y de la medida "se van a beneficiar más de 28.000 estudiantes andaluces que podrán seguir realizando sus prácticas con total garantía en la administración autonómica".