UGT Servicios Públicos de Córdoba ha expuesto la situación de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio tras la negativa de una de las tres patronales del sector, FED, de hacer efectivo el pago del aumento salarial del 6,5% correspondiente el IPC del pasado año y que está reflejado en el convenio colectivo del sector. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba al pago desde enero de estas cantidades a las empleadas y empleados de este servicio prestado bajo licitación de los ayuntamientos por empresas privadas.

El secretario provincial de UGT SP señaló “el incumplimiento generalizado del convenio del sector lo que, unido a lo anteriormente expuesto, da como resultado una precariedad absoluta que se ve reflejada en una falta de prevención en riesgos laborales, la falta de EPIs adecuados, la falta de un protocolo ante las agresiones que sufren las trabajadoras en los domicilios de los usuarios, la falta de conciliación familiar, el no abono de complementos salariales como el desplazamiento o la subida salarial que la patronal no reconoce”.

Ortega denunció que “las empresas están utilizando estas circunstancias para obtener mayores beneficios a costa de sus trabajadores y trabajadoras, como es el caso de la subida salarial, que no es necesaria negociar porque aparece reflejada en el convenio ya pactado y en vigor, tampoco sujeto a interpretaciones como bien indica el artículo ocho del mismo, por lo que están haciendo es quedarse con el dinero de las empleadas y empleados de este servicio”.

El representante provincial de UGT recordó la sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de junio en la que “se reconoce el derecho a la subida del 6,5% este año y condena a las empresas a pagar 1.000 euros por conducta procesal temeraria, por lo que se les tendría que caer la cara de vergüenza por no aplicar lo que está recogido en el convenio”.

Ortega indicó que “a nivel estatal afectaría a unas 300.000 trabajadoras y trabajadores, 50.000 a nivel andaluz y unas 15.000 en la provincia de Córdoba, debido a que el VII Convenio de la Dependencia incluye las residencias de mayores, la teleasistencia, los centros de día y la ayuda a domicilio”. Asimismo, recordó que son tres las patronales que forman parte de la Comisión Paritaria estatal pero sólo una, la mayoritaria, “se está negando al pago de esta subida indicando que podría recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, lo que supondría un nuevo maltrato a los trabajadores y trabajadoras”.

En el caso de Córdoba capital, aludió a la empresa licitadora del Ayuntamiento de este Servicio, Claros, sobre la que denunció que, al no realizar estos pagos “se estaría quedando con el dinero de las 1.500 trabajadoras y trabajadores que atienden este servicio”. Respecto a la provincia Ortega mencionó a la empresa Clece que, según indicó “se ha negado también en rotundo a aplicar la sentencia quedándose con el dinero de 300 empleados y empleadas como ocurre, igualmente, en Lucena con la empresa Servisar, con 150 trabajadoras que no están cobrando lo que les corresponde, y así podríamos seguir con más casos”.

Ortega calificó de “chulescas” e “inmorales” las actitudes de estas empresas con los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio y recordó que el dinero que reciben por este servicio es “dinero público”, a la vez que denunció que “parte de los beneficios que están obteniendo son a costa de los recortes que hacen a sus trabajadores y trabajadoras”. Es por ello, según indicó el responsable de UGT que, desde el sindicato “pedimos a las administraciones que no contraten con empresas que tienen este tipo de conducta manifiestamente contraria a los intereses y derechos adquiridos por empleadas y empleados”, y anunció nuevas concentraciones en los centros de estas empresas a la vez que, indicó, “UGT continuará con las movilizaciones”.

Asimismo, instó a los ayuntamientos a que “incluyan en los pliegos de las licitaciones cláusulas que vengan a determinar mejoras laborales y sociales, no miren hacia otro lado cuando surgen este tipo de problemas y hagan un seguimiento real para que el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas, incluido el convenio, pueda ser causa de cancelación del contrato con las empresas concesionarias de los servicios”.

Isaías Ortega lamentó que “unas trabajadoras que han sido esenciales en momentos tan complicados como la pandemia para sus usuarios y para la sociedad estén en una situación de tal indefensión incluso tras haber ganado, a través de la denuncia interpuesta por UGT, la sentencia ante la Audiencia Nacional, encontrándose con empresas que se niegan a asumir su responsabilidad y negándose desde 2019 a asumir ningún tipo de negociación”.

Por su parte la responsable de Sanidad Privada de UGT Servicios Públicos en Córdoba, Amelia Fernández, denunció la existencia de “una mayoría de contratos parciales que en casos como el Lote 2 de ayuda a domicilio nunca superan las 25 horas, lo que da como resultado sueldos muy bajos”. A esto, indicó, “habría que sumar casos muy crudos en la provincia en los que el kilometraje por los desplazamientos es pagado muy por debajo del precio de la gasolina y es disimulado en las nóminas con otros conceptos como las horas complementarias para que la trabajadora no sepa realmente qué es lo que le pagan por ello”.