El PSOE de Córdoba avisa de que peligra el suministro de gasóleo para las calderas de los colegios

El Ayuntamiento de Córdoba lleva dos años completos sin contrato de suministro de gasóleo para las calderas de las instalaciones municipales y para los colegios que utilizan este tipo de suministro para la calefacción. Así lo ha denunciado este martes la concejala del PSOE Alicia Moya, quien ha denunciado la “incapacidad de gestión de un gobierno municipal chapucero para las gestiones más sencillas y recurrentes”.

El último contrato de este tipo data de noviembre de 2018. Contaba con una duración de un año, prorrogable a otro más. “Esto quiere decir que el gobierno del PP lleva ya tres años y medio dedicado a hacerse fotos y no se preocupa de lo más cotidiano y de la gestión diaria de la ciudad. La consecuencia es que en 15 colegios como, el San Lorenzo, Eduardo Lucena, Fernán Pérez de Oliva o Maimónides, están sin gasóleo para encender la caldera ahora que llega el frío”, ha advertido la edil.

La prórroga del último contrato finalizó en noviembre de 2020, por lo que los socialistas consideran que el primer edil, José María Bellido, "ha tenido tiempo más que suficiente para poner en marcha otro pliego de licitación".

“Tanto el alcalde como los cargos nominativos que ha nombrado en este mandato están a cualquier cosa menos a su trabajo, que es gestionar los expedientes que hacen que Córdoba funcione. Hablamos de pliegos ordinarios, recurrentes en la Administración municipal, que se realizan cada dos o cuatro años, que tienen fechas establecidas, determinadas desde el inicio de cada contrato y apuntadas de antemano. Los funcionarios avisan, pero los cargos políticos son los que ordenan y deciden, y la Junta de Gobierno Local la que determina. ¿Ni siquiera eso son capaces de gestionar? ¿Por qué tienen que pagar los alumnos y alumnas de los centros educativos la incompetencia de este gobierno municipal?”, ha cuestionado Moya.

La edil socialista ha incidido en que el equipo de gobierno ha tardado tres años en sacar la licitación y publicarla en la plataforma de contratación del Estado. "Lo han tenido que hacer de urgencia y la fecha final de plazo para presentar ofertas es el día 25 de este mes. En el mejor de los casos, y si no hay ninguna incidencia más, el contrato entraría en vigor el 1 de enero de 2023", ha censurado.

“¿Significa eso que las familias tienen que cruzar los dedos para que no bajen las temperaturas antes? Y, para colmo, la situación de la Delegación de Infraestructuras complica aún más la situación por la parálisis de un área fundamental para la ciudad, de la que dependen cuestiones como el poder calentar las aulas de los centros educativos”, ha advertido Moya.