Pilar Cernuda
La mayor corrupción jamás conocida
El gobierno municipal del Partido Popular anunció ayer que el arquitecto Rafael Obrero dejará de ser el gerente de Vimcorsa en un consejo de administración en el que se escucharon duras críticas y quejas del alto cargo ante el trato recibido por parte del equipo municipal. Obrero anunció también la interposición de acciones legales contra la empresa, que le ha negado la posibilidad de cualquier indemnización por despido. Los consejeros de la empresa pública escucharon ayer el relato de Obrero, quien mantuvo su discurso en la intimidad del consejo, donde se levanta acta pero donde lo que se habla queda protegido por la reserva de los consejeros. El arquitecto declinó ayer realizar comentarios.
En el consejo, se conocieron ayer las diferencias de criterio entre el ejecutivo, que deja hoy el cargo, y el equipo de gobierno tanto por cuestiones económicas como por la forma en la que se ha abordado el proceso. Al parecer, ambas partes habían hablado de la salida de Obrero cuando el Partido Popular llegó al gobierno municipal. En ese momento, la tesis que se barajaba era un despido, de forma que el actual gerente tendría derecho a la indemnización por despido, que consiste en un año íntegro de salario. Los contratos de alta dirección disponen de este tipo de blindajes por los salarios que se abonan (más elevados que la media) y, además, porque los ejecutivos que los disfrutan no tienen acceso a derechos que sí tiene un trabajador normal, como el subsidio por desempleo.
El PP decidió modificar las gerencias de varias empresas públicas y se encontró con que esa decisión, política, obligaba a gastarse una buena cantidad en este tipo de indemnizaciones por despido, en algunos casos cifras difícilmente justificables políticamente. En una de las empresas, un ejecutivo disponía de un blindaje de cuatro años completos de salario. En el caso de Vimcorsa, se optó por dormir el cese de Obrero a cambio de justificar su marcha como la decisión de no prorrogar el contrato llegada la fecha de su cumplimiento, en una lectura particular de las condiciones del contrato. Esa decisión no se comunicó hasta hace unos días al perjudicado, cuando ya era inminente, ni se llevó a cabo negociación alguna. Da la impresión que el gobierno municipal ha optado por aguardar hasta que una resolución judicial le ordene a pagar los blindajes.
Los consejeros de Vimcorsa se quedaron ayer boquiabiertos ante lo que estaban escuchando en la sesión del consejo, en la que el presidente, Luis Martín, optó por un discreto silencio y ni siquiera entró a debatir con su hasta ahora ejecutivo, que llegó a la empresa desde el Colegio de Arquitectos de la mano de la anterior presidenta, la exedil socialista Victoria Fernández.
Los grupos de la oposición criticaron el proceso de sustitución del gerente de Vimcorsa, quien a su vez llegó al cargo cuando el PSOE decidió prescindir del único gerente que hasta entonces había tenido la entidad, el también arquitecto Antonio Portillo, desde su creación durante el mandato de Julio Anguita.
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