Navas declara que acudió al contrato menor en el Alcázar por "urgencia"

El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Navas declaró ayer en calidad de investigado por la supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, y justificó la realización de contratos menores por motivos de "urgencia" e "ineficacia de la administración", según fuentes de la acusación, pues el propio Navas y su letrado declinaron hablar ante los medios. Las mismas fuentes indicaron que el exdelegado de Turismo del Ayuntamiento mostró un alto grado de "conocimiento aparente" en los detalles de las distintas contrataciones que se hicieron en el Alcázar y justificó que "por motivos de urgencia" se tuvo que acudir al contrato menor y no al procedimiento negociado o abierto, que hubiera correspondido en esos casos.

Además, señalaron que Navas admitió "que hubo un mes completo en el que la empresa prestó el servicio sin tener ninguna cobertura jurídica", algo que "también se ha puesto de manifiesto en varios informes de fiscalización de los contratos", a la vez que indicaron que "es cierto que se ingresó el canon de ese mes". En esa línea, apuntaron que la empresa del espectáculo en ese momento, EMTE, "no realizó ningún pago hasta septiembre de 2015, según consta en el informe de Intervención, relativos a los contratos menores", de forma que "se adjudicaron los contratos sin que la empresa hubiera abonado el canon que tenía que abonar por cada uno de los meses".

También acudió ayer a declarar el exconcejal del PP Miguel Reina, que rechazó la acusación que se hace sobre él por la supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) al despacho de abogados de Cuatrecasas. Así, explicó que cuando llegó se encontró esta organismo "en una situación catastrófica a nivel económico y de personal y que debía cerca de un millón de euros", mientras que tras su presidencia dejó "un remanente de 670.000 euros".

Reina explicó que su único fin en política era "ayudar al deporte cordobés" porque "aún estoy en deuda con Córdoba porque me lo dio todo", por eso "puse el corazón y el alma en ello para hacerlo lo mejor posible". Así, expuso que "la primera orden que di es que no se me pasara nada para firmar si no era con el visto bueno de la Intervención del Ayuntamiento, del secretario y de todo aquel que tuviera que hacerlo". "Como lo que se me presentaba era con el visto bueno de todo; era lo que yo llevaba a cabo", apuntó y defendió la transparencia con la que trabajaba alegando que "todo el mundo sabía lo que se iba a hacer en el Imdeco", desde asociaciones de deportistas hasta vecinos. Reina aseveró que "no se puede difamar ni poner en tela de juicio la honorabilidad de las personas honestas, y yo soy honesto".

La defensa del expresidente del Imdeco señaló que pedirán el archivo de la causa y emprenderán acciones judiciales contra el sindicato CTA, que ha interpuesto la denuncia en este caso, con el fin de "recuperar la imagen" de Reina.

El exconcejal aseveró que "los que hacen estas tropelías -en alusión a los denunciantes- lo que tienen que hacer es dejar su cargo y ponerse a trabajar al menos una vez en su vida".

Tras la declaración de Reina, el abogado de la acusación manifestó que pedirán la comparecencia del entonces gerente del Imdeco, Alfonso López, al entender que "sí tiene un mayor grado de conocimiento y decisión en lo que ha sido la contratación sucesiva y fraccionada de este despacho de abogados para prestar un servicio que ha sido el mismo; el asesoramiento de Imdeco" en materia de recursos humanos, inicialmente con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y posteriormente con "las vicisitudes que ha podido tener el Imdeco para adaptarse a esa nueva situación laboral impuesta en parte por la Ley de Sostenibilidad de la Administración Pública".

Tras la declaración de ayer, el letrado de la acusación indicó que "nos parece quedar claro que quien materialmente ha tomado esa decisión de realizar contratos con Cuatrecasas es la Gerencia del instituto" por lo que "lo oportuno es citar a este persona a declarar y que él, que sí conoce con mayor detalle las motivaciones y el procedimiento que se siguió para ir sucediendo contratos con ese despacho explique por qué se hizo de esa manera y no a través de un proceso que concurriese públicamente".

El teniente de alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, señaló ayer que cree que "no hay ningún delito penal" en los casos de los exconcejales del PP Miguel Reina y Rafael Navas y comentó que "puede haber alguna falta administrativa", al tiempo que aseguró que no le gusta llevar a los juzgados, ni que vayan a declarar por estos temas en concreto. En este sentido, subrayó que "la política es la política y el ámbito judicial no debe estar para determinadas cuestiones", donde, según entiende, "no hay ninguna responsabilidad penal, aunque puede haber algún tipo administrativo", remarcó.