El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) demandará al Ayuntamiento incluir la regulación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) de Córdoba en la ordenanza municipal de movilidad. El colectivo así lo decidió durante su última sesión plenaria. 

Estas áreas delimitadas son exigidas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, vigente desde mayo de este mismo año. Mediante esta normativa, todos los municipios españoles que dispongan de más de 50.000 habitantes -como es el caso de Córdoba capital- deberán contar con una ZBE, es decir, un área acotada de bajas emisiones. El límite se encuentra precisamente en el 1 de enero de 2023. Todo ello cuando solo 6.792 turismos y motos en la provincia cuentan con el distintivo ECO y CERO de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El CMC insiste en que "al objeto de prevenir los accidentes, proteger la vida, la salud y la integridad física de las personas usuarias de las vías y espacios públicos, el órgano municipal competente" debería aprobar "con la periodicidad plurianual que se determine" y a propuesta de la Sección de Movilidad Urbana, un Plan Local de Seguridad Vial, "que potenciará la prevención de accidentes y la educación vial".

El colectivo incide en que dicho plan deberá tener en cuenta para su diseño "la incorporación de la perspectiva de género y los estudios y datos en referencia a la diferente movilidad que hombres y mujeres tenemos".

Asimismo, el CMC defiende que, en la medida de lo posible, se evitará la construcción de aceras bici, "en coherencia con la supremacía del peatón en la acera y los problemas que genera la circulación de bicicletas por la misma".

El colectivo demanda, no obstante, que en caso de ser necesario la construcción de aceras bici para facilitar la conexión entre diferentes ejes ciclistas, "la separación de la acera bici de la zona reservada para el peatón se deberá señalizar con un pavimento tacto visual y elementos de mobiliario urbano que prevengan del paso inadvertido de una a otra zona de manera que contribuya a mejorar los niveles de seguridad peatonal".

El Consejo del Movimiento Ciudadano se refiere igualmente a la necesidad de acabar con los puntos de concentración de accidentes. "La Sección de Movilidad Urbana y la Policía Local analizará los accidentes y elaborará estudios, estadísticas y mapas de la siniestralidad urbana destinados a identificar los tramos de concentración de accidentes, e igualmente propondrá, previo informe de los órganos competentes, las medidas correctoras que resulten oportunas. Estos informes se publicaran anualmente con objeto de maximizar la transparencia", defiende el colectivo.

El CMC insiste igualmente en su dictamen sobre el anteproyecto de ordenanza de circulación, seguridad vial y movilidad sostenible en que se debe determinar que al menos el 50% del ancho de las aceras debe quedar totalmente libre de obstáculos fijos o temporales, como carteles, señales, veladores..., y siempre que ese ancho sea al menos de 2,50 metros, donde la acera lo permita. "No se puede constreñir el espacio peatonal hasta convertir el tránsito en un choque de personas", destaca el colectivo.

Además, entre otros puntos, demanda al Ayuntamiento que se favorezca el uso de la bicicleta con, entre otras medidas, el impulso del alquiler público de las mismas, así como el de la creación de aparcamientos para estos vehículos de dos ruedas; más paradas para los autobuses de Aucorsa en las líneas de la periferia, además de mejor dotadas; la eliminación de los autobuses grandes del Casco Histórico, incluido el turístico, y la implantación "real" de líneas de microbuses en esta zona histórica de la ciudad; o el impulso a zonas gratuitas de aparcamiento vecinal.