El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha asegurado que tendrá que volver a pedir una prórroga de la aplicación de la ordenanza de Inspección Técnica de Edificios al "ser imposible que, con anterioridad a final de año, haya una nueva ordenanza que regule correctamente esos informes".

La organización que preside Juan Andrés de Gracia ha recordado que la actual ordenanza ha quedado desfasada al aprobarse la ley de Sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista) y el reglamento que la regula y que, por primera vez, trata sobre las inspecciones de edificios. "Mientras, se produce la aprobación, el Ayuntamiento sigue contando con la inspección urbanística y la normativa sobre órdenes de ejecución para edificios o viviendas en mal estado", ha apuntado.

El consejo de la Gerencia de Urbanismo, ha continuado, "aprobó por unanimidad un nuevo texto, adaptado ya a la ley y su reglamento, el pasado 26 de abril, pero acordó igualmente que, debido a los cambios sufridos, haría falta un nuevo informe de la Asesoría Jurídica, la aprobación por la Junta de Gobierno Local y nuevos informes del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social de la Ciudad".

En esta misma línea, ha detallado que "tras ello, se debería someter a aprobación provisional, información pública y, en su caso, aprobación definitiva por el pleno municipal. Todos esos trámites hacen inviable la entrada en vigor antes de final de año".

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, "esta ordenanza necesita acompañarse de una valoración de cuántas viviendas se verían afectadas, teniendo en cuenta que siempre se ha defendido que no puede obligarse a las viviendas unifamiliares, que ya van ejecutando las obras necesarias por interés propio, y que hacen falta ayudas económicas para las viviendas plurifamiliares, tanto para realizar los informes como para las obras de rehabilitación, accesibilidad o eficiencia energética que se desprendan del mismo".

También ha subrayado que el mantenimiento en condiciones de un edificio, o el análisis sobre su adecuación a la accesibilidad o condiciones bioclimáticas, "es una necesidad que nadie pone en cuestión, pero es necesario que la realización de esos informes, así como las actuaciones que se desprendan de forma obligatoria de los mismos, no puede cargarse a economías ya muy agotadas y, por tanto, debe el ayuntamiento asumir la realización de los mismos para quien no cuente con fondos para ello".