"Una de las dos córdobas nos ha helado el corazón", dijo el vicepresidente del Ateneo, Antonio Varo, al inicio del acto, la conferencia del doctor Luis Montes, presidente de una organización que defiende el derecho a morir dignamente. La charla, es sabido, tuvo que ser realizada en dependencias de la Junta por las presiones recibidas en su ubicación original. Algo que, al aludido, empieza a parecerle "lo normal", asegura, por las circunstancias similares que le han ocurrido en otras ocasiones.

El debate de ayer fue eso, un debate, una charla seguida de preguntas y opiniones, unas a favor y otras en contra, unas más argumentadas y otras menos, en un debate que, al final, acaba en las convicciones más íntimas. En su transcurso, y ante un centenar largo de personas, el ex jefe de Urgencias del Severo Ochoa apostó por una regulación específica de la eutanasia y el suicidio asistido, de forma que se permita el ejercicio de "un derecho optativo" de una parte de la población, que entiende que tiene la capacidad de disponer de su propia vida y ponerle fin en el momento que considere oportuno. La demanda implica la garantía del Estado en los supuestos en los que la persona no pueda hacerlo por sí mismo. En el caso de la eutanasia, cuando sea el resultado de un proceso terminal done la muerte esté próxima, cuando forme parte de una decisión adoptada de forma consciente e informada y cuando se estén produciendo sufrimientos graves. En el caso del suicidio asistido, mediante la despenalización de la figura del cooperador necesario del suicida. El Código Penal reserva una pena de seis meses a tres años a la persona que colabora, a instancias inequívocas del finado, o que ejecuta el acto de la muerte. Montes mantuvo en su charla, realizada a raíz de la aprobación de la ley de la muerte digna en Andalucía, que este tipo de cuestiones hay que regularlas (la norma se limita a bloquear el encarnizamiento terapéutico, al testamento vital y a dar voz al paciente en aquellos casos en los que pide no seguir adelante con un tratamiento paliativo).

Hay que regularlas, mantuvo, "porque están ocurriendo" de forma no controlada, sin la asistencia precisa, o con una inseguridad jurídica, que afecta al paciente "que es quien detenta el derecho a disponer de su vida" y no al médico. El doctor Montes asegura que la inexistencia de una legislación que ampare los casos de quien ejerce un derecho "optativo", sobre la base de su propia conciencia. "Eutanasia no es eugenesia", que condiciona el futuro de la especie humana sobre el asesinato o la esterilización forzada de determinados grupos humanos, como ocurrió en la Alemania nazi.

La oposición a las tesis de las entidades sobre la legalización de la eutanasia o la despenalización del suicidio asistido está encabezada por la Iglesia y por movimientos religiosos y filosóficos de distinto signo, no sólo católicos, que entienden que el ser humano no tiene capacidad de disponer derecho a la propia vida. El debate sobre esta cuestión suele estar vinculado a casos muy concretos como el de Ramón Sampedro o Inmaculada Echevarría. En toda Europa, se producen casos similares y se han llegado a registrar visitas de ciudadanos ingleses a Suiza, camufladas de turismo, para recibir la muerte en las clínicas del país Helvético.