La industria del cobre KME Locsa accedió ayer a una posible venta de la fábrica que tiene en Córdoba, un centro que pretende cerrar antes del próximo 30 de junio y que acarreará el despido de algo más de 85 trabajadores directos y otros 30 indirectos. Así lo apuntaron a El Día las fuentes consultadas de la multinacional al analizar el resultado de la reunión que mantuvo con representantes de los empleados de la planta. De momento, no tienen oferta alguna sobre la mesa, pero los dirigentes se han comprometido a abordar cualquier propuesta "siempre que no sea a precio de derribo". El mercado no sólo está abierto a entidades de otros sectores productivos que quieran adquirir el terreno, sino también a emprendedores del mismo sector. Así respondió la empresa al comité de empleados, que ayer mismo apuntó que KME no daría luz verde a una operación que se convirtiera en "competencia" para su fábrica italiana.

No existe, de momento, un precio de partida para quien quiera convertirse en el nuevo propietario de la antigua Electromecánicas. Así lo expresó a este periódico la entidad, que abundó en que el objetivo "no es sacar dinero de allí ni regalar los activos". La única consigna es "respetar los derechos de los trabajadores" y vender para garantizar la ayuda a los empleados que abandonarán en dos meses este centro dedicado al cobre. La multinacional, a pesar de las presiones de los empleados, también tiene muy claro que no hay marcha atrás y para explicar la renuncia a mantener la producción en Córdoba se vale de los "17 millones de euros de pérdidas acumulados en estos últimos cuatro años".

El análisis del encuentro es radicalmente diferente si éste procede del representante del comité de empresa, Francisco Pozuelo. Al margen de recalcar que KME Locsa es "contraria" a favorecer la competencia de su fábrica italiana a través de la venta a una empresa que se dedique a esta misma actividad, el portavoz de los empleados de la fábrica también criticó que el "cierre sea irrenunciable". La única tabla de salvación es, en cualquier caso, "la mediación política". Según Pozuelo, la ronda de reuniones mantenidas con diversas formaciones políticas ha avivado una cierta esperanza para resolver el problema de la manera más favorable para la plantilla que la multinacional tiene contratada en Córdoba.

Ayer mismo los recibió el candidato del PSOE a la Alcaldía, Juan Pablo Durán, y el propio regidor, Andrés Ocaña. Éste último afirmó que la Junta de Andalucía debe apoyar la viabilidad de la empresa metalúrgica Locsa. Manifestó asimismo que "el objetivo es que Locsa no desaparezca de la ciudad y entre todos hagamos el esfuerzo para que se mantengan los puestos de trabajo". El regidor concluyó que "habrá que pelear por mantener la actividad". Así, aseguró que la ciudad no se va a "resignar" porque "no se pueden perder puestos de trabajo, ni una industria tan arraigada en Córdoba".