La Junta destina 149 millones al mantenimiento de servicios de dependencia durante 2016

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abonado en 2016 cerca de 149 millones de euros en materia de dependencia a usuarios, entidades del tercer sector y corporaciones locales, ejecutando así el 100% del presupuesto. Concretamente, la Junta de Andalucía ha destinado 148.951032,85 euros, de los que 25,1 millones de euros corresponden a prestaciones económicas; más de 53 millones a atención residencial; 10,3 millones a unidades de día; más de 59,1 millones para el abono del servicio de ayuda a domicilio, y más de 1,1 millones para el personal de refuerzo en los servicios sociales comunitarios para atención a la dependencia.

De estas mismas cantidades, más de 68 millones han sido para corporaciones locales que gestionan el servicio de ayuda a domicilio, atención residencial y el personal de refuerzo, mientras que cerca de 53,5 millones a entidades del tercer sector que desarrollan atención residencial y unidades de día.

La Junta ofreció estas cifras tras la visita que la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, hizo a las instalaciones de Sanyres Sierra, donde la Administración autonómica tiene concertadas cerca de 70 plazas residenciales y de unidad de estancia diurna. Para el mantenimiento de estas prestaciones, la Junta de Andalucía abonó el pasado año 475.743,67 euros. Además, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales mantiene a otras 43 personas con plazas vinculadas a través de ayudas que oscilan entre los 378 y los 715 euros, en función del Iprem y del grado de dependencia del usuario.

Según Luna, "estos abonos se han realizado pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, además de otros 12 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que nos limita para poder atender a más personas". Actualmente, la Junta financia el 78% de la inversión total asociada a esta prestación, en contra del compromiso de cofinanciación al 50% que marca la ley.