La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Córdoba ha tramitado un total de 13.105 expedientes durante el pasado año, según ha informado la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, quien ha añadido que esta cantidad supone un 6,5% más respecto de los tramitados en 2022. De todos ellos, se han inadmitido a trámite 1.304, y los que se han quedado fuera ha sido por no cumplir con los requisitos de la justicia gratuita o por no haber cumplimentado o completado toda la documentación necesaria.

Del total de expedientes, 5.831 corresponden a la jurisdicción penal, 4.714 a la jurisdicción civil, 270 al contencioso administrativo, 301 a lo social y 117 recursos. La delegada ha puesto de manifiesto que el plazo de para el reconocimiento de un abogado de oficio se ha situado en un promedio de 22 días y en este sentido ha destacado el “esfuerzo que se hace por parte de la comisión”.

López ha explicado que se han resuelto favorablemente 1.570 expedientes que tienen su causa en procesos judiciales de violencia de género, ya que “se reconoce el derecho a la justicia gratuita a las mujeres que tengan esta condición en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y siempre que el procedimiento finalice con sentencia condenatoria”.

La delegada de Justicia ha resaltado los esfuerzos del Gobierno andaluz por mejorar la Justicia Gratuita atendiendo las demandas de los abogados reclamadas desde hace décadas. En este sentido, se ha referido a que “en la legislatura pasada se acabó con los retrasos que venían sufriendo los profesionales al modificar el procedimiento para agilizar los pagos de forma que actualmente se están abonando las retribuciones a los profesionales a trimestre vencido en un plazo de 15 días hábiles desde que se entregan las certificaciones por parte de los colegios”.

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López.

También, desde el 1 de enero de 2023, se incrementaron entre un 20% y un 60% las retribuciones por las guardias y un 4% los servicios prestados en el turno de oficio mientras se tramitaba la nueva orden reguladora de los módulos y bases del mismo, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año con incrementos de entre un 15% y un 20% para abogados y procuradores según los procedimientos.

Además, esta nueva orden va a retribuir conceptos hasta ahora no reconocidos y por los que los profesionales no recibían nada como la mediación, o la designación de abogado a requerimiento judicial. Andalucía es la primera comunidad que va a incluir la mediación dentro de la Justicia Gratuita con un módulo de 400 euros, el máximo.

López ha indicado que “desde 2009 no se incrementaban las cuantías que perciben abogados y procuradores por este servicio”. Esta actualización de las cuantías sitúa a Andalucía entre las comunidades que mejor remunera a los abogados “por encima de lo que paga el Gobierno de España en prácticamente todos los conceptos”, ha señalado la delegada.

Por último, se han incluido 7.300 guardias más, todas exclusivas para violencia de género. Como ha señalado la delegada, “la justicia gratuita ha sido maltratada por los gobiernos anteriores que, además de no incrementar las cuantías, las rebajó en 2012”.

Asistencia jurídica gratuita

La asistencia jurídica gratuita la puede solicitar cualquier persona que acredite la insuficiencia de recursos económicos para litigar, con ciudadanía española o de los demás estados miembros de la Unión Europea, personas extranjeras que se encuentren en España, aquellos trabajadores y beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, en el orden jurisdiccional social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones relativas a la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, así como para los litigios que se sustancien sobre esta materia ante el orden contencioso-administrativo. También se benefician personas extranjeras en los procedimientos de denegación de entrada en España, devolución o expulsión del territorio español, o en materia de asilo.

Para solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita es necesario presentar la solicitud en modelo normalizado en el Servicio de Orientación Jurídica de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, así como ante el juzgado del domicilio de la persona solicitante.

Los Colegios de Abogados de Córdoba y Lucena cuentan con un Servicio de Orientación Jurídica para orientar previamente sobre la viabilidad de los procesos antes de iniciarse, informar sobre los requisitos necesarios para obtener la justicia gratuita, facilitar los impresos de la solicitud e informar sobre la cumplimentación de la misma, recepcionar la solicitud de asistencia jurídica gratuita, requerir la documentación preceptiva y la subsanación de deficiencias y coordinar con los respectivos colegios las designaciones de abogado y procurador.

Comisión Provincial de Justicia Gratuita

La Comisión Provincial de Justicia Gratuita está formada por representantes del colegio de abogados y procuradores de Córdoba y Lucena, letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Fiscalía, así como funcionarios de la delegación territorial de Justicia de Córdoba. Da trámite a las solicitudes de justicia gratuita de Córdoba capital y provincia, se reúne dos veces al mes para dar la máxima celeridad a este derecho fundamental de los ciudadanos.

Con el objeto de garantizar el derecho de todas las personas al acceso de la justicia en condiciones de igualdad, la Constitución Española establece en su artículo 119 que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Este derecho se recoge en la Ley de asistencia jurídica gratuita, de aplicación general a todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional. En Andalucía, el sistema de la justicia gratuita viene establecido por decreto por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por otro que regula el procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como el sistema para la compensación económica por los servicios prestados por los colegios de abogados y los colegios de procuradores de Andalucía.