La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia una "salida indebida de fondos públicos" del Ayuntamiento de Córdoba con motivo del Caso Infraestructuras, por el que está imputado el concejal David Dorado, y lo que ha remitido el caso a la Sección de Enjuiciamiento para que lo investigue. Así lo ha anunciado este jueves el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, quien denunció los hechos ante este órgano fiscalizador, con relación al posible alcance y responsabilidad contable.

El Ministerio Público determina que "las diferencias entre el importe total certificado y efectivamente abonado a las empresas adjudicatarias y la valoración pericial de lo ejecutado conforme a proyecto presentan caracteres indiciarios de alcance", y de ser confirmados por una posterior investigación "se habría producido una salida indebida de fondos públicos, lo que obliga a su investigación".

Por esta razón, acuerda incoar diligencias pre-procesales, para lo que pone los hechos denunciados en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a fin de que, previa la tramitación de las correspondientes diligencias preliminares, pueda proponerse el nombramiento de delegado instructor.

En el mismo informe, también considera que “el fraccionamiento de los contratos no corresponde enjuiciarlo a la jurisdicción contable" por encontrarse ya en la vía penal. Y, en cuanto a las prácticas irregulares que se puedan haber producido en otros expedientes, la denuncia no proporciona "ningún indicio de la existencia de alcance o malversación que determine la procedencia del ejercicio de la acción de responsabilidad contable”.

Hurtado ha considerado necesario que, además de los delitos penales que se pudiesen haber producido y que investigan los juzgados, también es necesario poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas todos los contratos donde la Intervención de Fondos detecte la posible responsabilidad contable "para que el dinero que se hayan llevado lo devuelvan hasta el último céntimo".

Otro contrato

Hace unos días, el equipo de Gobierno de Córdoba anunció que se había enviado a la Fiscalía nueva documentación, un contrato y facturas, que la Asesoría Jurídica del Consistorio ha considerado que “podían contener irregularidades”. Se trata de una licitación mayor de un contrato por concepto de gestión de alarmas de colegios públicos y edificios que llevaba el Eulen Seguridad SA desde 2020 y del que no consta expediente de contratación, aunque sí había sido firmado por el entonces responsable del área, David Dorado.

Según explicó el teniente de alcalde delegado de Gestión e Infraestructuras, Antonio Álvarez, las facturas que han sido revisadas rondaban los 1.000 euros mensuales. En total, se ha detectado que 75.000 euros ya fueron pagados, mientras que otras tantas se encuentran bloqueadas y suman más de 25.000 euros. El importe total que había generado en gastos ha sido de 106.000 euros.

El trabajo sí estaba siendo llevado a cabo por la empresa, pero la tramitación y la validez de ese expediente “no ha sido la adecuada” de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y “no contaba con soporte legal”.

Por tanto, la Asesoría Jurídica del Consistorio emitió un informe que observaba que dicho convenio podía contener irregularidades en su forma de contratación y el Ayuntamiento ha procedido a enviarlo a la Fiscalía, “por si podían ser constitutivas de cualquier ilícito penal”, aunque, eso sí, van aparte de todo lo que se investiga derivado del caso Infraestructuras, según afirmó el concejal.