Habrá debate sobre la implantación de la tasa turística. Y será en septiembre. Así lo apuntó ayer a el Día el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, quien reconoció que su posición es favorable a este gravamen y explicó que el mes que viene llevará una propuesta al consejo asesor del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para que analice las posibilidades de aplicarlo en Córdoba. La idea, insistió, es que el consejo asesor -formado por los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios, la Universidad de Córdoba, la Asociación de Artesanos y la Federación de Asociaciones de Vecinos- realice un informe preceptivo sobre la tasa que, después, pasará al consejo rector del Imtur, el órgano que toma las decisiones, para aprobarlo. En el consejo rector están todos los grupos políticos con representación en el Pleno y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). García confirmó así que la tasa turística está en la agenda del cogobierno y que ahora se retoma después de que la Junta de Andalucía haya dado vía libre a los ayuntamientos para imponerla.

El teniente de alcalde de Turismo se mostró convencido de que el impuesto "va a terminar por aplicarse en toda Andalucía", por lo que consideró necesario "iniciar un debate, sobre todo para conocer bien la tasa, tener toda la información y saber cómo se tiene que implantar", insistió. El gravamen a los turistas, explicó, "está en muchas ciudades de España y de Europa" y muchas veces el propio visitante no es consciente de que lo está pagando. En este sentido, se mostró convencido de que "nadie va a dejar de venir a Córdoba si tiene que abonar un impuesto" porque, en la mayoría de los casos, se trata de una cantidad muy reducida.

El criterio de Pedro García no en este asunto no es el mismo que el de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien aseguró hace dos semanas que la aplicación de esta tasa no era una buena idea e, incluso, iría "en contra" de los objetivos del sector, que son incrementar la estancia media y acabar con la estacionalidad. Ganemos también se ha mostrado a favor de este gravamen y, además, es uno de los acuerdos a los que llegó con el cogobierno para aprobar las ordenanzas fiscales. La agrupación de electores siempre ha tenido claro y es la única de la corporación, junto a IU, que la respalda. Hace prácticamente un año, cuando se inició este debate con la propuesta de aplicar la tasa en las ciudades del eje turístico andaluz -Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada-, los partidos de la oposición se posicionaron en contra, así como las asociaciones empresariales del sector.

Una vez que se inicie el debate y se decida sobre la conveniencia o no de imponer el impuesto, habría que abordar cómo cobrarlo. Las posibilidades que abre la tasa son muchas. En un principio, cuando la propuesta salió a debate se habló de cobrar un euro por visitante y noche, un precio que variaría en función de la categoría del establecimiento. Este precio, no obstante, se mantiene por debajo del establecido en otras ciudades europeas. En Roma, por ejemplo, se cobra en determinados hoteles de mayor categoría siete euros. Tomando como referencia este euro y el número de visitantes que llega a Córdoba, la ciudad recaudaría más de un millón de euros al año, prácticamente el presupuesto con el que ha contado el Consorcio de Turismo en los últimos ejercicios. En este sentido, García explicó que la recaudación por este impuesto sería "finalista" y tendría que redundar en el turismo, a través de actividades culturales, promoción o restauración del patrimonio, entre otras posibilidades. "Tendremos que ver varios modelos, pero lo principal es ver si es preceptivo o no poner la tasa", aseguró Pedro García.

La Junta de Andalucía no tiene previsto implantar el tributo a nivel autonómico, pero sí ha dicho que otorgará libertad a las corporaciones locales que lo deseen cobrar. Esto supone un cambio de postura del ejecutivo regional, reacio hasta ahora a aplicar esta tasa que se encuentra muy extendida por las capitales europeas y que en España lleva años aplicándose en Barcelona. No obstante, para que sea una realidad es necesario que cambien algunas cosas que a día de hoy tiene en contra: por un lado, la normativa autonómica, que actualmente la prohíbe, y por otro, llegar a un consenso entre todos los agentes implicados. El debate parece que será largo pero al menos ya se sabe que tiene fecha de inicio y será en septiembre.