Impugnan las listas de acceso a El Carmen, Salesianos y Divina Pastora

La Delegación de Educación tiene ahora que estudiar las alegaciones que se han presentado las familias y decidir si tienen fundamento legal para su paralización

Lourdes Chaparro

21 de mayo 2009 - 01:00

Cada vez más, las familias buscan de cualquier forma conseguir plaza en el centro que quieren para sus hijos. Es tal el afán y las sospechas que se producen casos como la impugnación de las listas de tres colegios de la capital. En concreto, los centros afectados, de carácter concertado, son El Carmen, Salesianos y Divina Pastora, según informó ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de centros concertados -FAPA-Córdoba-, Miguel Ángel Barneto.

Las listas impugnadas, continuó, pertenecen al primer curso de Educación Infantil, es decir, de alumnos que el próximo curso inician su etapa educativa, un ciclo que es el que más problemas plantea a las familias, ante la falta de plazas en los colegios concertados. Prueba de ello, es que 171 pequeños no han sido admitidos para el próximo curso a pesar de que la mayoría poseía diez puntos por proximidad en su solicitud de ingreso. Ante esta situación, Barneto incidió en la necesidad de que se aumenten el número de puestos en estos colegios. Barneto destacó también que algunas de las impugnaciones se podrían solucionar con un aumento de la ratio, puesto que hay un caso en el que sólo están afectados cuatro menores.

Avanzó que la federación, a través de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ufapa), presentará una recopilación de datos y todas las necesidades que tienen al viceconsejero de Educación, Sebastián Cano.

Según informaron fuentes educativas, cuando las familias presentan estas alegaciones e impugnas las listas, "el colegio tiene que remitir las mismas a la Delegación de Educación". Así, este organismo es el que tiene que decidir "si se paraliza el proceso o continúa, dependiendo de las alegaciones presentadas por los padres". En el caso de que Educación encontrase algún documento que pruebe la validez de las alegaciones o algún tipo de anomalía en el proceso, tendría que paralizar el sistema de admisión, e imponer un nuevo calendario de escolarización, tal y como ocurriera en el año 2006 en el colegio Calasancio.

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