IU mantiene su intención de gravar el IBI a viviendas vacías en este mandato

La edil de Hacienda, Alba Doblas, recuerda que el censo de edificios inhabitados continúa realizándose y que la medida "la vamos a intentar aplicar por todos los medios y cuanto antes"

La teniente de alcalde de Hacienda y presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, conversa con el gerente de la empresa municipal, Rafael Ibáñez, / Álex Gallegos
F. J. Cantador

08 de diciembre 2016 - 02:33

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas (IU), insistió ayer en que el Ayuntamiento mantiene la intención de gravar durante este mandato la vivienda vacía con un 50% más de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Doblas ya anunció el pasado año que esta medida se aplicaría en 2016 y posteriormente se dijo que entraría en vigor en las ordenanzas fiscales de 2017. Sin embargo, no hay aún un censo de vivienda vacía sobre el que aplicar el gravamen. No obstante, se trata de una medida que no ve con los mismos ojos el socio de gobierno de IU, el PSOE. Los socialistas han frenado la aplicación de ese gravamen. La propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, fue firme al destacar -hace unos meses, cuando se empezaban a elaborar las ordenanzas fiscales para 2017- que ese recargo del 50% del IBI con el que Hacienda pretende no llegaría "hasta que el Ayuntamiento no cuente con las garantías jurídicas necesarias".

Ambrosio detalló entonces que el concepto del recargo existe en las ordenanzas fiscales desde el año 2010, "por puño y letra del Partido Popular", pero que no obstante no se ha llevado a efecto "por las dificultades de su aplicación y las dudas de base legal".

Ayer, Doblas detalló que ese censo de vivienda vacía para la aplicación del recargo se está realizando "y ultimando". Y también recordó que al gravamen "nunca hemos renunciado, siempre ha estado en las ordenanzas, y recuerdo que fue el Gobierno del PP de José María Aznar el que introdujo esa medida en la Ley de Haciendas Locales; ahora bien, eso requiere un desarrollo reglamentario que entendemos que puede estar habilitado por las comunidades autónomas y que está ahora mismo en discusión. Evidentemente, toda esta discusión se cerraría si se desarrollara ese articulado tal y como estaba previsto y se completara una legislación fiscal que nos deja con las manos atadas", puntualizó. La edil de Hacienda destacó la necesidad de que el Gobierno central "atienda esta petición que es unánime de todos los municipios" e insistió en que "nosotros vamos a intentar aplicar la medida por todos los medios; y esperemos que sea en las siguientes ordenanzas [las de 2018]. Es una medida que tenemos que poner en marcha sí o sí y los impedimentos para ello no vienen por parte de este gobierno municipal, pero seguiremos poniendo el asunto sobre la mesa". En este sentido, el gerente de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, Rafael Ibáñez, detalló que la medida no se aplica aún "porque hay un Gobierno [el de España] que lleva incumpliendo durante 14 años una ley, que es la que le ordena hacer un reglamento que no hace", mientras que "hay un Ayuntamiento [el de Córdoba] que sí que hace sus deberes llevando la previsión en sus ordenanzas, lo que significa que si el reglamento sale pasado mañana al Ayuntamiento le pilla con sus deberes hechos". Ibáñez resaltó que "entendemos que hay soporte legal para ponerlo en marcha, aunque con inseguridad jurídica, porque sigue habiendo un Gobierno que es insumiso a su propia ley, para lo que necesitamos tener el censo bien ajustado", remarcó.

Ayer también, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, insistió en que las medidas adoptadas en Consejo de Ministros respecto a la actualización de un 6% de los valores catastrales "no supondrá una subida del IBI para los cordobeses durante 2017". El subdelegado del Gobierno en Córdoba quiso así pronunciarse respecto a la polémica suscitada en el transcurso del último Pleno del Ayuntamiento, donde el portavoz de IU y primer teniente de alcalde, Pedro García, inculpó al Partido Popular de una posible subida de dicho impuesto. "Se trata de declaraciones totalmente falsas y tendenciosas por parte de García", insistió Primo Jurado, quien recordó que "la revisión catastral se hace a petición de los propios ayuntamientos, por lo que si tan en contra están de ella, deberían renunciar a que se haga para 2018, como así lo ha decidido el Ayuntamiento de Sevilla".

La vivienda como un derecho y pilar del estado del bienestar

Los pasados 17 y 18 de noviembre, Córdoba acogió el I Foro de Vivienda y Ciudad, en la que participaron una treintena de municipios de toda España y que concluyó con una declaración que el equipo de gobierno llevará al Pleno municipal y que se va a llevar a numerosos ayuntamientos y entidades "para que hagan suya esta declaración", detalló ayer la cuarta teniente de alcalde y presidenta de la empresa municipal de viviendas (Vimcorsa), Alba Doblas. La teniente de alcalde informó de que en la declaración se insta a los poderes públicos, "en especial al Gobierno central, a que adopte las medidas políticas, legales y económicas necesarias para incorporar el derecho a la vivienda en los pilares esenciales del denominado estado del bienestar". Los municipios firmantes demandan que se fije un calendario en el que, "progresivamente, se garantice el acceso a una vivienda asequible a la disponibilidad económica de personas y familias, que culmine con la garantía universal de derecho a la vivienda en el año 2030". Y plantean que se eleve la inversión en la política de rehabilitación frente a la nueva construcción, así como realizar "planes de choque para favorecer al alquiler". También reclaman "políticas fiscales distintas" y que se prohiba que se le corte cualquier tipo de suministro a "personas sin recursos que no puedan pagar sus facturas". Además, se insta a conformar "con urgencia" un marco legal que defina de forma global la vivienda vacía y ponga a disposición de los municipios distintas herramientas, tanto para su detección, como para definir su política específica en esta materia. "Al ser diversas las causas --cascos históricos en los que se acumulan viviendas inhabitables, bolsa de vivienda acumulada por entidades financieras o fondos, viviendas de pequeños propietarios que por inseguridad no destinan al alquiler o viviendas inacabadas-, diversas han de ser las soluciones que puedan adoptar los municipios, entre otros planteamientos", detallan. Doblas relató que "lo fundamental es constituir una red de municipios, comunidades autónomas, instituciones y entidades para trabajar en conjunto las medidas necesarias", con el fin de que "la declaración sea una realidad".

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