Política

IU Córdoba solicita acabar con la concertación sanitaria y destinar todos los recursos al sistema público

Un quirófano del Hospital Reina Sofía.

Un quirófano del Hospital Reina Sofía.

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha hecho un llamamiento al gobierno andaluz tras la “preocupante” revelación de los últimos datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que muestran un aumento “considerable” en las listas de espera para operaciones quirúrgicas en Córdoba y en toda Andalucía.

En este contexto, Pérez aboga por poner fin a las concertaciones con hospitales privados y destinar los más de 600 millones de euros involucrados en estas alianzas hacia el fortalecimiento del sistema de salud público.

Según las estadísticas que "se ha visto obligado" a ofrecer el SAS tras los "preocupantes" datos publicados por el Ministerio de Sanidad, los cordobeses experimentan actualmente una espera promedio de 128 días para someterse a una operación en el Hospital Reina Sofía, centro de referencia de la provincia, 16 días más que en 2022.

El número de personas en lista de espera para operarse también ha experimentado un incremento “considerable”. En junio de 2021, se registraban 9.271 personas en esta situación en la provincia, y dos años después, la cifra ha aumentado a 17.683, reflejando un incremento del 90%.

No obstante, el coordinador provincial ha querido destacar que el problema de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas "no es un hecho aislado”. Pérez subraya que la crisis se extiende a la Atención Primaria y a muchos de los hospitales en la provincia, que cada día están “más desmantelados”.

Además de las “preocupantes” cifras de espera quirúrgica, hoy en día, conseguir una cita con un médico de Atención Primaria puede llevar “hasta 15 días”.

En respuesta a esta "preocupante tendencia", IU aboga por una acción inmediata para abordar la “crisis” en el sistema de salud. El coordinador provincial señala la necesidad “urgente” de poner fin a las concertaciones con hospitales privados y redirigir los recursos financieros, que superan los 600 millones de euros, hacia el sistema público de salud.

Estos fondos deben destinarse a “aumentar tanto el personal como los recursos técnicos disponibles para garantizar una atención médica oportuna y de calidad para toda la ciudadanía”.

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