El Gobierno revisará cada año la cesión de la Farmacia Militar al Ayuntamiento de Córdoba
Acuerdo
El convenio establece el pago de un canon anual de 50.000 euros por parte del Consistorio
Defensa cede a Córdoba la Farmacia Militar de Lepanto para su uso vecinal
El Gobierno central ha aclarado que el acuerdo, suscrito el pasado noviembre, para la "concesión demanial" temporal de la antigua Farmacia Militar al Ayuntamiento de Córdoba "por un periodo inicial de cinco años", es "revisable anualmente", en cuanto a lo recogido en el pliego de condiciones de dicho acuerdo, que establece el pago de "un canon anual de 50.000 euros" por parte del Consistorio.
Así lo recoge la respuesta escrita que ha dado el Gobierno central a las preguntas que, antes de la firma de dicho acuerdo, le habían planteado los diputados nacionales del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado y Rafi Crespín, que querían saber "los términos y condiciones" en los que se producía la cesión del citado inmueble, y también "por cuánto tiempo y con qué contraprestaciones".
Ante esto, el Gobierno ha respondido que "el inmueble denominado Farmacia Militar de Córdoba, afectado al Ministerio de Defensa, tiene otorgada una concesión demanial con fecha 29 de septiembre de 2022, concedida con carácter temporal por un periodo inicial de cinco años".
Además, dicha concesión está "limitada a los usos concretos previstos en el pliego de condiciones, con la finalidad de que el Ayuntamiento de esa ciudad, directamente o en colaboración con otras entidades o empresas públicas o privadas, lo destine a usos específicos culturales, sociales o educativos que redunden en beneficio de la ciudadanía y, en general, para cualquier otro uso público cuya competencia sea del Ayuntamiento".
El Ejecutivo central ha recordado también en su respuesta que fue "con fecha del 25 de noviembre de 2022", cuando "se suscribió en la ciudad de Córdoba el acta de recepción y entrega de la citada propiedad demanial al Ayuntamiento de Córdoba, siendo suscrita por el alcalde" de la ciudad, José María Bellido, y el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel Íñigo Laquidáin Hergueta, en nombre del Ministerio de Defensa.
El expediente correspondiente, según ha precisado el Gobierno, "fue tramitado conforme a las previsiones contempladas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas", y "deconformidad con el artículo 93.4 de dicha Ley, como contraprestación por la concesión demanial, el Ayuntamiento de Córdoba queda obligado al pago de un canon anual de 50.000 euros", según se recoge "en el pliego de condiciones", que es "revisable anualmente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y en su normativa de desarrollo".
También queda recogido en el citado pliego "que durante ese plazo inicial de cinco años, el Ayuntamiento se compromete a iniciar conversaciones con el Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) para la adquisición de la referida propiedad por el precio que sea legalmente exigible".
Casi 5.000 metros cuadrados
La Farmacia, que formaba parte del también desaparecido cuartel militar de Lepanto, cuenta con 4.621 metros cuadrados y ocho grandes espacios que se encuentran "en muy buen estado", aunque las obras de mejora para su adaptación se computarán en el canon anual, ha informado el edil de Urbanismo. Se trata de unas obras para adaptar un salón de actos, ampliar la biblioteca de Lepanto y acondicionar un espacio para un centro de mayores con comedor.
Todo ello implicará obras de rehabilitación, mejora y adaptación de la antigua Farmacia Militar a esos nuevos usos, lo que, según ya informó el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, supondrá una inversión municipal que se ejecutará a cuenta del precio final de compra a Defensa de la instalación, tal y como pretende el Ayuntamiento, y que superará los 250.000 euros -que sumarán las cinco anualidades de dicho canon-, hasta llegar a "en torno a un millón de euros".
Todas las inversiones se van a hacer entre 2022 y 2023, a pesar de la posibilidad de prórroga del convenio para otros cinco años, una realidad que el edil de Urbanismo no contempla porque la intención es "actuar bien" y que sea propiedad del Ayuntamiento de Córdoba.
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