Garzón cifra los desaparecidos en la guerra en 7.091 personas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cifra en 7.091 las personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Córdoba, lo que la convierte en la segunda provincia española con más personas en paradero desconocido en toda España por la contienda. Sólo Málaga, con 7.797 personas, se acerca a las cifras de Córdoba. Garzón expone estos datos en un auto judicial hecho público ayer en el que se considera competente para investigar unos hechos que podrían revestir la calificación jurídica de "crimen contra la humanidad" y que, según explica en los razonamientos jurídicos del documento, hasta ahora han permanecido impunes.

Garzón se basa en la información aportada por numerosas asociaciones y particulares para hacer un listado de todos los casos de personas desaparecidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, como consecuencia "de la acción directa o indirecta del llamado alzamiento nacional que dio paso a la Guerra Civil y a la posguerra de los cuales aún no se sabe su paradero" porque fueron desaparecidos o bien porque, tras ser ejecutados, no se conoce dónde se hallan sus cuerpos. El juez cifra en 114.266 las personas desaparecidas en toda España, de las que 32.289 estarían en Andalucía. Garzón, no obstante, deja abierta la posibilidad de que las cifras cambien conforme avance la investigación.

"El sistema de desaparición forzosa fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la fecha", argumenta el juez. El auto concreta que esta acción fue coordinada y dirigida por las sucesivas juntas militares en tiempos de guerra y por los gobiernos sucesivos, sin olvidar el papel de estructuras paramilitares como Falange. El documento, sin embargo, declara extinta por fallecimiento la responsabilidad de Francisco Franco y de otros 34 jefes militares que participaron en la sublevación militar, entre los que se encuentran los miembros de la Junta de Defensa Nacional que asumió el poder en los primeros meses de la Guerra Civil.

La iniciativa de Garzón no pretende convertirse en una "revisión en sede judicial de la Guerra Civil", sino que nace con una intención "mucho más moderada", la de investigar la desaparición forzosa de personas. "Un examen imparcial y sereno de los hechos nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que fueron perseguidos", expone Garzón.