Fomento expropia una casa que se iba a quedar el banco

Calle en la que la Junta va a ejecutar la expropiación de la vivienda.
El Día

04 de diciembre 2013 - 01:00

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación de un nuevo expediente de expropiación temporal del uso de un inmueble, en este caso en la calle Nuestra Señora de la Merced de la capital cordobesa, para evitar el desahucio de los residentes en el mismo, un matrimonio de personas mayores en riesgo acreditado de exclusión social. La Administración autonómica informó ayer de que Pedro C. N., de 70 años, y Rafaela E. D., de 65, ambos jubilados, se han acogido a la expropiación del uso de su vivienda, de 76 metros cuadrados, tras haber acudido a pedir ayuda a la oficina en Córdoba del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda una vez que el juzgado que llevaba su caso fijó la orden de lanzamiento para el pasado 23 de julio. La entidad a la que se expropia la vivienda es BBK Bank Cajasur.

"Este caso evidencia la utilidad social de la labor de intermediación y protección que realiza la Consejería de Fomento y Vivienda", ha señalado Marisantos Córdoba, delegada territorial del departamento que dirige Elena Cortés. Córdoba ha animado a todas las personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda a acudir a la oficina provincial del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. "El Gobierno andaluz tiene herramientas eficaces para defender el derecho a la vivienda. Es fundamental que las personas que ven amenazado este derecho tomen la iniciativa y hagan uso de todos los recursos que ponemos a su alcance", ha añadido.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el inicio de este procedimiento, el número 33 desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, el segundo en la provincia de Córdoba tras el incoado el pasado 18 de noviembre en Doña Mencía. El anuncio publicado en el BOJA es el paso inicial del proceso de expropiación, de aplicación durante un máximo de tres años a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

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