La Fiscalía pide un año de prisión por instalar una casa prefabricada
La acusación pública reclama el derribo de la vivienda, de 80 metros cuadrados, que fue instalada en 2007 en una finca del término municipal de Villafranca
A. B. A., un vecino de Villafranca de Córdoba, se sentará el próximo mes octubre en el banquillo de los acusados para responder de un presunto delito contra la ordenación del territorio cometido supuestamente al instalar una casa prefabricada de madera sobre un suelo no urbanizable. La Fiscalía Provincial de Córdoba observa en su informe provisional de acusación que los hechos se produjeron a lo largo del año 2007, cuando el individuo promovió supuestamente la instalación del inmueble en una parcela de su propiedad.
La casa, de aproximadamente 80 metros cuadrados de planta, se ubica sobre "suelo no urbanizable conforme a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes" y, por tanto, no cuenta con la autorización o licencia municipal preceptivas. A día de hoy, además, la edificación no es autorizable, concluye el fiscal.
Por estos hechos, el encartado se enfrenta a una pena de un año de prisión y a una multa total de 3.360 euros. El Ministerio Fiscal reclama, además, la demolición de la vivienda. La vista oral se celebrará el próximo 5 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 5.
No será la primera vez que la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Córdoba siente en el banquillo de los acusados a un parcelista por instalar una vivienda prefabricada. En junio del año pasado, el Ministerio Público sentó por primera vez en el banquillo a dos vecinos de Lucena por levantar casas prefabricadas en suelo no urbanizable. Los hechos se remontan al mes de agosto del año 2006, cuando los procesados iniciaron unas obras en el paraje lucentino denominado Cañada del Pastor, un suelo clasificado no urbanizable por la normativa.
El 31 de agosto, tras descubrir las obras, la Gerencia de Urbanismo de Lucena dictó un decreto donde ordenaba la suspensión inmediata de los trabajos, al mismo tiempo que le notificó a los procesados que el incumplimiento de esta medida podría considerarse delito.
Pero, según el fiscal, los procesados, lejos de acatar la resolución, continuaron con los trabajos y el 21 de marzo de 2007 la Gerencia constató que las casas ya estaban terminadas. La vista oral se celebró en el Juzgado de lo Penal número 2 y culminó con la condena de uno de los dos procesados.
En el 2007 -año en que se produjeron los hechos de Villafranca-, la Fiscalía interpuso un total de 18 denuncias por presuntos delitos urbanísticos en toda la provincia. Al año siguiente, los expedientes iniciados por el Ministerio Fiscal se triplicaron, hasta alcanzar los 51. También en 2007, el Juzgado de lo Penal número 1 impuso la primera sentencia de derribo en la provincia. La resolución condenó al promotor de varias viviendas sin licencia en el término municipal de Obejo, en pleno paraje de Sierra, y las casas fueron derribadas varios meses más tarde.
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