Justicia

La Fiscalía de Córdoba advierte del "colapso" en el juzgado de violencia sobre la mujer

Presentación de la memoria.

Presentación de la memoria. / Juan Ayala

La violencia de género sigue al alza, es una lacra que crece día tras día y los datos de la Fiscalía Provincial de Córdoba, correspondiente a 2022, así lo constatan. Van más allá, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, encargado en exclusividad de los casos de violencia sobre la mujer, sufre un "colapso" importante por la cantidad de procedimientos abiertos. 

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha presentado este miércoles un análisis de la memoria junto a  los fiscales delegados en la especialidades de Civil, Fernando Santos Urbaneja; de Violencia de Género, Silvia Berdugo; de Menores, Carmen Rubio; de Delitos de Odio, Lucía Chacón, y de Extranjería, Antonio Romero. En este sentido, Berdugo, ha advertido de la cantidad de procedimientos en el Juzgado de los Penal 6, que en junio incorporó a una magistrada-juez y una letrada de la Administración de Justicia "para intentar que el colapso no siga aumentando"

Los procedimientos penales en materia de violencia sobre la mujer han sido un total de 2.676 en 2022, una cifra muy similar a la de 2021. Destaca, sin embargo, el aumento de diligencias urgentes que detecta la aplicación informática Fortuny, que permite el registro y la tramitación electrónica de las causas y procedimientos judiciales. Así, el año pasado fueron un total de 1.137 las diligencias urgentes en la provincia -por las 1.095 de 2021-. Las diligencias urgentes permiten una mayor inmediatez y alargan menos en el tiempo los procedimientos, ha explicado Berdugo.

Sin embargo, los datos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital en 2022 son aún más llamativos. Las cifras globales sugieren un ascenso con respecto a las del año anterior y, de nuevo, llama especialmente la atención el aumento de las diligencias urgentes, que ha sufrido "una gran escalada", en los últimos años, pasando de 431 en 2020 y 580 en 2021 hasta las 648 de 2022, un 50% más en dos años. En lo que va de 2023, además, son ya 558, por lo que se prevé que se superen esos números.

En relación a medidas cautelares, en 2022 se han solicitado 208 órdenes de protección, de las cuales 57 fueron denegadas, siendo el porcentaje de concesión de un 72,5%, "ligeramente inferior a 2021, con el 72,9%". Y en 14 ocasiones se ha solicitado como medida cautelar la prisión provisional del investigado.

Sobre sentencias condenatorias y absolutorias, en 2022 no se han celebrado procedimientos por fallecimiento de mujer víctima de violencia de género, si bien se produjeron 937 calificaciones por Fiscalía y hubo 460 sentencias condenatorias por conformidad del acusado, 77 condenatorias y 344 absolutorias.

En cuanto a violencia doméstica, se aprecia un aumento de 423 procedimientos penales en 2021 a 470 el pasado año. Y órdenes de protección en 2022 se solicitaron 14, denegándose cuatro, aunque "llama la atención el reducido número de medidas cautelares registradas, debiendo tratarse a una falta de registro por parte de los funcionarios encargados del mismo", se señala en la memoria. Y en los delitos contra los derechos y deberes familiares se observa "una disminución", al tiempo que "disminuyen levemente" los delitos de abandono de familia y sustracción de menores, de 495 en 2021 a 462 en 2022.

Discapacidad y delitos de odio

En cuanto a la Sección de Discapacidad y Atención a los Mayores, el fiscal ha subrayado que "es frecuente que se acuda a Fiscalía a solicitar recursos sociales o sanitarios", de ahí que se hayan elaborado unas guías informativas en materia de salud mental, asistencial y jurídica para facilitar a los familiares, así como a los profesionales relacionados con la materia.

Además, ha valorado que al cumplirse más de un año de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 la impresión que se tiene es "muy positiva en general, en la medida en que se traslada con celeridad el espíritu y principios de la reforma".

Y en la especialidad de delitos de odio, la fiscal ha dicho que ha habido un incremento del 1,2%, tras registrar en 2022 un total de 13 procedimientos, advirtiendo del "problema de la visibilización" de estos delitos, porque "los propios perjudicados o víctimas denuncian poco".

Datos generales

En general, el fiscal jefe ha aseverado que las estadísticas de estos años aún están "marcadas por los efectos de la pandemia". Las diligencias previas se mantienen "estables", con 26.069 en 2022 tras las 25.749 de 2021.

Los procedimientos abreviados han bajado de 2.085 de 2021 a 2.000 en 2022, mientras que las diligencias urgentes han aumentado de 2.252 a 2.422. Y los juicios celebrados ante los juzgados de lo Penal han bajado de 2.162 a 2.024, si bien ante la Audiencia han subido de 94 a 115. Así, Sobrón ha indicado que "los datos sobre la evolución de la criminalidad durante 2022 se mantienen en cifras similares a las de 2021 en cuanto a la tramitación de causas en las que interviene Fiscalía", entre otros datos.

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