El presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez, presentó ayer en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta, un centenar de denuncias dirigidas a la Dirección General de Consumo en las que insta a la Administración autonómica al esclarecimiento de los hechos ocurridos en la clínica dental low cost iDental.

Martínez exige que la Junta de Andalucía se posicione y tome cartas en el asunto, después de conocer que la institución andaluza no haya verificado la existencia del seguro de responsabilidad civil en la clínica iDental de la capital cordobesa desde el año 2015, dejando indefensos a los pacientes ante cualquier tipo de indemnización por daños.

Desde Facua también se ha pedido información sobre los odontólogos que trabajaron en esta empresa de clínicas dentales. Pese a que esta información se tenía que ofrecer al público en los recintos médicos, se le ha sido denegada a la asociación. "Existe un ocultismo por parte de la Consejería", afirmó Martínez.

Desde que iDental cerrase sus puertas el pasado 22 de junio, se han tramitado más de un centenar de denuncias ante las distintas entidades financieras para que paralicen el cobro de los tratamientos, los cuales no han sido finalizados, y así se les devuelva la totalidad o una parte de las cantidades abonadas por los pacientes.

Aunque los hechos que se le han tipificado a la clínica son de delito de estafa continuada, puede adherirse también los de la apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la salud pública, según el propio juzgado. El presidente de Facua pidió a la Junta que se persone en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional. "Por ahora, sólo existen las manifestaciones de ellos diciendo que se van a personar, pero ningún hecho relevante", dijo Martínez. Facua asegura haber resuelto más del 15% de las reclamaciones tramitadas.

A primeros de mes la Policía entró en 19 clínicas de iDental, entre ellas la de Córdoba, para encontrar indicios del fraude empresarial y hacerse con los historiales médicos de los pacientes, un elemento importante para que los usuarios puedan finalizar sus tratamientos que se quedaron a medio hacer.

Por su parte, la Consejería de Salud ha solicitado la custodia de las historias clínicas de las personas afectadas por el cierre de las clínicas a los distintos juzgados implicados en este caso. Este hecho tiene como fin facilitar y agilizar que las personas afectadas puedan disponer de la documentación relativa a su historia.