Engancharse de manera irregular a la red eléctrica es una práctica cada vez más habitual. Y en Córdoba, entre enero y mayo de este año, Endesa ha abierto 584 expedientes por casos de fraude detectados. Esto corresponde a más de seis millones de kilovatios hora defraudados, de los cuales 721.365 están vinculados a las plantaciones de marihuana, según la información facilitada a El Día por la compañía.

En el pasado año, la compañía eléctrica, a través de su filial de Redes E-distribución, abrió un total de 2.087 expedientes de fraude. Al comparar los datos del año anterior con los recogidos en los primeros cinco meses de este 2023, se puede constatar que la situación parece no aminorar, puesto que hasta este mes de mayo se han abierto una media de casi cuatro expedientes de fraude diarios en la provincia de Córdoba. 

Además, Endesa informa de que desde enero hasta mayo de 2023 se han realizado un total de 41 intervenciones con las Fuerzas de Seguridad del Estado en Córdoba; la cifra total del año pasado se eleva hasta 171 intervenciones con el acompañamiento de agentes. 

El fraude eléctrico es una práctica contra la que la compañía eléctrica lucha para evitar la saturación de las redes y los consecuentes cortes de suministro al saltar las protecciones de las instalaciones, cuya función es evitar incendios.

Cortes de luz y marihuana

Tal y como se concreta en la estadística proporcionada por la compañía eléctrica, del total de energía defraudada casi el 12% corresponde al mantenimiento de estas plantaciones ilegales. 

En el pasado año, en Córdoba, estos servicios sin permiso sumaron 14,5 millones de kilovatios hora defraudados en total, de los que 1,3 millones se encuentran vinculados a las plantaciones de marihuana.

A pesar de ello, la ciudad cordobesa no se encuentra entre las provincias andaluzas con mayor número de enganches ilegales ligados a los cultivos, una situación que en otras ciudades provoca continuos cortes de luz en algunas barriadas.

Imagen de archivo de una plantación 'indoor' de marihuana.

Y es que el tipo de suministro necesario para el mantenimiento de una plantación de marihuana equivale al de 80 viviendas aproximadamente. Además, los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas necesitan electricidad las 24 horas del día, que los delincuentes obtienen mediante enganches ilegales que provocan situaciones de gran riesgo eléctrico.

Estas sobrecargas hacen que actúen las protecciones de los centros de transformación o que se quemen líneas subterráneas o incluso centros de transformación afectando a los vecinos de las zonas próximas. 

Los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior indican que en 2021 se decomisaron en España más de 3,3 millones de plantas de cannabis, un 96% más que en el año anterior y un 240% más que en 2018, de los que una parte importante correspondieron a plantaciones indoor.  

La Guardia Civil de Córdoba ha hallado plantaciones de marihuana en doce actuaciones en lo que va de año. En alguna de estas acciones, se han desmantelado varias plantaciones a la vez. Los expertos afirman que las penas bajas para los cultivos detectados y sus delitos anexos son una de las causas por las que no se termina de poner el freno a este tipo de irregularidades. 

La condena recogida en el Código Penal para el cultivo, elaboración o tráfico es de 1 a 3 años de prisión y una multa del doble del valor de la droga incautada (al considerar que no causa daño grave a la salud), aunque las penas se endurecen si se le añade la pertenencia a organización criminal o para los jefes de las mafias de la droga.

Por otro lado, el delito de defraudación del fluido eléctrico se castiga en España con multas de tres a doce meses, y si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros, la multa es de uno a tres meses.

Ante esta situación, la compañía ha reforzado las inspecciones para destapar el fraude eléctrico que se produce en diferentes sectores de actividad y segmentos de población, aunque sólo el 14% de la energía recuperada por fraude corresponde a pequeños consumidores domésticos con una potencia contratada inferior a los 3,5 KW. 

Al margen de las actuaciones propias de la compañía y de las operaciones conjuntas con las fuerzas del orden, las denuncias de ciudadanos también ayudan a descubrir y desmantelar fraudes. El pasado año, a nivel nacional E-distribución recibió 62. 769 denuncias que generaron 21.195 inspecciones, un 75% más que en 2021.