Empleados de Locsa solicitan el embargo de la empresa de forma preventiva

Los miembros de CCOO en el comité de empresa de Locsa, que ostentan la mayoría en dicho órgano de representación de los trabajadores, y los empleados afiliados al mismo sindicato van a presentar reclamaciones de cantidad, por nóminas no cobradas, y una solicitud de embargo preventivo contra la empresa. Así lo avanzó el presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, quien detalló que "las reclamaciones de cantidad se refieren a las nóminas, aún no cobradas, de los pasados meses de julio y agosto, y a la bolsa de vacaciones", a la que también tienen derecho los trabajadores de Locsa, según estipula su convenio, y que todavía no han percibido.

En cuanto a la solicitud que harán los trabajadores para que el juzgado correspondiente ejecute una orden de embargo preventivo sobre los bienes de KME Locsa, Pozuelo explicó que su objetivo es "asegurar de esta forma que la empresa paga, no solo las nóminas atrasadas, sino que hace frente a las indemnizaciones" que habrá de pagar a sus todavía empleados si, como pretende, aplica un expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que prescindirá de sus 120 trabajadores.

Estas demandas, que tendrán como escenario los juzgados de lo Social, su unirán a la querella, "por injurias y calumnias", que los miembros de CCOO en el comité de empresa de Locsa ya anunciaron a principios del presente mes que van a presentar ante el Juzgado de Guardia contra el administrador único de KME Locsa, S.A., Andrés Barallobre. Dicha denuncia, según señaló en su momento Pozuelo, "tiene como base las declaraciones de Barallobre a la prensa y lo que afirma en un escrito que dirigió a todos los trabajadores de Locsa" el pasado mes de agosto y con el que la empresa, según Pozuelo, ha buscado "desprestigiar ante la opinión pública a CCOO y a sus representantes en Locsa, difundiendo para ello falsedades sobre los miembros de CCOO en el comité de empresa y sobre el propio sindicato".

Las relaciones entre los empleados de Locsa y los directivos llegaron a un punto muerto a finales de agosto cuando la plantilla no aceptó la última propuesta de KME, que incluía bajas incentivadas y prejubilaciones desde los 55 años. El objetivo de la fábrica es reducir la actividad al mínimo para abaratar costes hasta que pueda cerrar.