Un curso más, la escolarización comienza en Córdoba bajo la sombra de posibles cierres de aulas. En concreto, el sindicato Ustea denuncia que en Andalucía hay "amenaza de supresión de más de 300 clases públicas", mientras que en Córdoba hay "al menos 40 aulas en riesgo".

A esto hay que sumar las "148 aulas ya suprimidas en nuestra provincia en los últimos tres cursos (desde el 2019/2020 hasta el 2021/2022) mientras que, en Andalucía, son 1.457 las clases suprimidas en la pasada legislatura", critica el sindicato, que incide en que desde la llegada al gobierno andaluz de Juanma Moreno, "el recorte de aulas públicas se acercaría a las 2.000, frente al avance de la enseñanza privada concertada".

Según señala Ustea, en Córdoba este curso se ofertan "2.000 plazas menos que el curso pasado para la escolarización, que traducido a clases corresponde a un recorte de más de 80 unidades", esto, según "fuentes de la misma Delegación Territorial".

Según la Delegación, esta reducción de plazas es "un trasvase de alumnado de la educación obligatoria a la FP", pero el sindicato incide en que no se trata de una apuesta por estas enseñanzas, ya que "no se amplía el número de plazas y los ciclos más demandados se llenan con los mejores expedientes". Por ello, "gran parte del alumnado se ve abocado a continuar sus estudios en academias y centros pertenecientes a empresas privadas que han conseguido un concierto en sus estudios".

En pleno proceso de escolarización, el recorte de la oferta de plazas públicas a priori "provoca un efecto disuasorio en las familias que, ante el temor de no obtener plaza en el centro deseado, opta por solicitar la matriculación en otros no afectados por las supresiones".

Estos recortes -según Ustea- se extienden por toda la provincia en centros de Córdoba capital, Puente Genil, Priego de Córdoba, Pozoblanco, La Rambla, Palma del Río, Lucena, Adamuz y "un largo etcétera que hace incomprensible el anuncio de la Delegación en el que niega la posibilidad de supresiones".

La organización sindical explica que la Delegación de Educación "planifica a la baja", es decir, "el menor número de clases posible en cada centro y la ratio máxima permitida por la normativa en cada grupo: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato".

"Hay varios casos donde se suprimen unidades que ya existen dejando las clases del curso que viene con ratios superiores a lo legal, o aulas mixtas en que solo dejan ofertar el número mínimo para que el aula no se desdoble y aumente el número de unidades", aseveran desde Ustea.

En los últimos años, el sindicato explica que la mayor parte de las supresiones han sido de clases de Infantil de 3 años, lo que paulatinamente se traduce en la eliminación de grupos de cursos superiores a medida que el alumnado va superando etapas. "Es habitual que en los cursos sucesivos la oferta se repita con una unidad menos en infantil 3 años y estos centros acaban con una línea menos para siempre", apunta. "Incluso han empezado a ser significativas las supresiones en la ESO", matiza.

Ustea también ha detectado que los cierres "masivos" están provocando la proliferación de las llamadas "aulas mixtas", en las que convive alumnado de distintas edades, tanto en Infantil, como en Primaria, lo que convierte a estos colegios "en poco apetecibles para las familias y conlleva la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo, como ya ha ocurrido en cursos anteriores". "La amenaza es aún mayor en el mundo rural, pues supone un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada", asevera Ustea.

La organización sindical señala que"no se trata únicamente de números: son profesores y profesoras trabajando con ratios máximas, alumnado que se merece una atención educativa con la mayor calidad posible, son alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo que necesitan una atención individualizada y son familias que tienen el derecho a que sus hijos e hijas acudan a una enseñanza pública cuidada y respaldada por la administración".

Por eso, reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio, impulsando asambleas y movilizaciones contra las supresiones desde la campaña "Bajada de Ratios" junto a colectivos y organizaciones de la comunidad educativa.