El Claustro de la Universidad de Córdoba ha celebrado una sesión ordonaria en el Aula Magna del Aulario Averroes del Campus de Rabanales, en el que se ha dado cuenta del informe anual del Defensor Universitario, Miguel Agudo Zamora, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Según ha informado la UCO, el número de solicitudes planteadas ante el Defensor Universitario ha ascendido casi un 14%, pasando de 145 el periodo lectivo 2019-20 a 165 asuntos en el curso objeto de la memoria. En total, a lo largo del pasado ejercicio se han abierto 165 expedientes, provenientes de todos los colectivos y de todos los centros de la Universidad. De ellos, el 28,4% (47) corresponde a mediaciones; el 27,8% (46) han sido consultas; un 26,6% (44) a reclamaciones y el 16,9% (28) son quejas. 

Por colectivos, el 66% de las actuaciones (109) fueron a petición del alumnado, el 27% (45) de Personal Docente e Investigador (PDI), el 5% (8) procedieron de Personal de Administración y Servicios (PAS) y un 2% (3) a otros colectivos, empresas y entidades que se relacionan con la UCO.

El tipo de problemas que afecta a cada uno de los estamentos de la Universidad de Córdoba "es muy dispar". De esta manera, mientras que en el colectivo de estudiantes las principales demandas de actuación tuvieron que ver con becas, evaluación por compensación, exámenes y evaluación y aspectos relacionados con la matriculación, en el del PDI sus intereses se centraron en aspectos relativos a plazas de profesorado y en algunos otros vinculados a aspectos retributivos.

La institución ha querido destacar durante este curso académico un incremento de los asuntos en los que se ha acudido al Defensor para solicitar una mediación relacionada con la convivencia académica. El tiempo de resolución de las solicitudes es, mayoritariamente, de menos de una semana. "Se ha procurado la agilidad y eficacia en la actuación del Defensor", según la universidad. 

Miguel Agudo también ha señalado que el curso ha estado caracterizado por la evolutiva adaptación de la docencia a la situación sanitaria del momento. A juicio del Defensor, “la eficaz labor desarrollada por los diferentes órganos universitarios, así como por la comunidad universitaria en su conjunto, ha evitado que el impacto de la pandemia provocara disfuncionalidades académicas de calado y ha propiciado que, dentro de las excepcionales circunstancias vividas, el desarrollo académico del curso fuera positivo.

No obstante, la Defensoría Universitaria ha tenido que actuar en relación con diversas situaciones generadas a causa de la excepcionalidad sanitaria vivida, que han afectado, entre otras, a exámenes online, problemas de matriculación o de disfrute de becas debido a estar en situación de confinamiento.