El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a admitir a trámite la denuncia presentada en febrero de 2019 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) en la que reclamaba la retirada tanto de la lápida funeraria como de las distinciones, medallas, nombramientos y honores concedidos por el Ayuntamiento de Córdoba al general golpista Ciriaco Cascajo y a otros militares y colaboradores franquistas implicados en el golpe de Estado de 1936.

Así, y coincidiendo con el 14 de junio, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe de Estado, la dictadura y la represión franquista, el colectivo memorialista ha vuelto a interpelar al Consistorio cordobés y a su alcalde, José María Bellido, para que “cumpla con la legislación vigente en materia de memoria democrática y materialice, de una vez por todas, la revocación a Ciriaco Cascajo y al resto de militares, cargos y colaboradores franquistas de sus medallas y nombramientos como Hijos Adoptivos y Predilectos de la ciudad de Córdoba, así como la retirada de la lápida existente en la sepultura pública de Cascajo en el cementerio de La Salud en la que se exalta el golpe de Estado de 1936”.

Desde Aremehisa han recordado que se trata de una petición que “ya se presentó en el registro de entrada del Ayuntamiento en mayo de 2018, que se elevó al Defensor del Pueblo Andaluz en febrero de 2019 ante la falta de respuesta y que ahora se reactiva porque, más de cinco años después, el Ayuntamiento y los distintos grupos políticos que lo han presidido continúan sin hacer nada al respecto aún a sabiendas de que se está vulnerando la ley”.

Así, para la asociación memorialista, los títulos honoríficos y condecoraciones concedidos a militares, cargos y colaboradores franquistas “fueron otorgados por la gestora municipal golpista a fin de ensalzar el papel protagonista que estas personas jugaron tanto en el golpe de Estado como en la posterior represión y dictadura franquista, por lo que, en consecuencia, vulneran las leyes de memoria democrática autonómica y nacional, lesionan la memoria y la dignidad de las víctimas y sus familiares y no tienen cabida en la sociedad democrática contemporánea”.