El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de las Naciones Unidas (ONU), la falta de protección que sufren los trabajadores sanitarios españoles a la hora de atender y cuidar a las personas contagiadas o sospechosas de tener el covid-19. Esto "pone en grave riesgo su salud y la de las personas de su entorno más cercano, ya sean pacientes, familiares o compañeros de trabajo".

En concreto, en la provincia de Córdoba hay más de 155 profesionales de la sanidad infectados, según los datos oficiales a 30 de marzo, lo que supone un 21,29% del total de positivos por coronavirus.

Tras la denuncia ya realizada a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el sindicato se ha dirigido también a la OIT, organismo que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, para darle a conocer la "grave situación de desprotección e inseguridad" que están sufriendo los profesionales sanitarios, entre ellos, las enfermeras, y "pedirle que tome cartas en el asunto para acabar con esta lamentable realidad".

En el relato de los hechos que argumentan la denuncia a la OIT, Satse concluye que "en nuestro país no se ha actuado con la diligencia, previsión y premura necesaria para que las enfermeras y enfermeros que se encuentran en primera línea de batalla contra el coronavirus, al igual que el resto del personal sanitario, puedan disponer de los equipos de protección individual (EPI) que todas las normativas y protocolos establecidos al respecto exigen utilizar para preservar su salud".

"En España se ha producido una grave vulneración de importantes derechos fundamentales de las personas que reconocen todas las instituciones, como las Naciones Unidas, y todas las normativas nacionales e internacionales, como son el derecho a la salud, a la vida o a la seguridad en el trabajo", asegura el Sindicato de Enfermería.

La organización sindical reitera en su denuncia ante la OIT que desde primeros del pasado mes de febrero "estaba claro que el contagio no estaba controlado, pero no es hasta casi dos meses después, a finales de marzo, cuando desde el Gobierno se han formalizado contratos de compra de material sanitario (mascarillas, guantes y material de protección, test rápidos y equipos de respiración) para hacer frente al coronavirus".

Por ello, Satse asevera que "se ha actuado tarde y una vez constatadas graves situaciones de desabastecimiento generalizado en los centros sanitarios y sociosanitarios de todo el Estado, lo que denota una total falta de previsión que no es justificable en modo alguno, teniendo en cuenta, además, la referencia y experiencias previas de otros países en los que la pandemia llegó varias semanas antes".