El Ayuntamiento prepara ya un proceso de ayudas que llegaría a algunos afectados para permitir los cambios de residencia a quien haya resultado afectado por las inundaciones, una situación que genera un problema humano pese a proceder de una peculiaridad, y es que se trata de habitantes de viviendas construidas en suelo inundable, siendo éste un hecho totalmente conocido tanto por los usuarios de las casas como por las instituciones públicas, que han visto durante décadas cómo se colonizaba irregularmente el suelo que el río tiende a engullir cuando se desborda.

"Realojos, no". La opinión de la teniente de alcalde de Vivienda, Victoria Fernández, es que no se debe propiciar un proceso general de cambio de vivienda a una VPO puesto que no se trata de una situación de las reconocidas en la legislación para llevar a cabo este tipo de actuaciones. En el Ayuntamiento se reconoce, sin embargo, que no se puede estar ajeno al drama humano y que se está empezando a trabajar de forma que, cuando la necesidad de vivienda se haga patente (ahora mismo se trabaja en necesidades mucho más básicas, ligadas a la seguridad y al alojamiento provisional) se tengan las ideas claras.

Los criterios que se barajan para el desarrollo del programa de ayudas es que no sea universal y que sea estacional. Eso quiere decir que el Área de Bienestar Social y la empresa municipal Vimcorsa trabajarán "caso por caso" de forma que la ayuda se libraría en el caso concreto de que el afectado cumpliera con las condiciones.

El equipo de gobierno mantiene que se trabajará con las líneas ya existentes aceptando un elemento de singularidad, es decir, un proceso propio teniendo en cuenta que se está hablando de cientos de personas afectadas.

El problema principal es que un programa de ayudas, mejor o peor dotado económicamente, no solventa la situación revelada y es qué hacer con las familias que residen en viviendas ubicadas en una zona con un peligro potencial clarísimo. El gobierno municipal no quiso ayer informar al respecto ya que, en estos momentos, cualquier paso en falso supondría calentar los ánimos. "La casuística es diversa", aseguraba ayer el alcalde, Andrés Ocaña, quien afirmó que la institución municipal centrada ahora en lo urgente.

El equipo de gobierno tendrá que realizar una revisión de las viviendas afectadas por la riada por medio de inspecciones de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, no porque sea una decisión política sino porque se trata de una obligación legal. En este sentido, ya hay una serie de viviendas de Guadalvalle, afectadas por la primera riada, que tienen órdenes de demolición vigentes, cuyos propietarios han tenido que ser alojados en el hotel que la ciudad contrata para este tipo de cuestiones urgentes.

La legislación permite declarar la ruina constructiva, que es en la que existe un peligro inminente por agotamiento de los elementos estructurales, o la económica, que es cuando reparar la vivienda cuesta un 50% más del coste del inmueble investigado por los técnicos.