Más de 500 personas han participado en el Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una cita que ha profundizado en el acceso en condiciones de igualdad a la educación y al empleo de las personas afectadas por estos trastornos discapacitantes.

El programa ha estado formado por ponencias que han tratado esos temas y por talleres específicos de empleo, alimentación y reflexión sobre las organizaciones.Precisamente, la presidenta de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares (Acpacys), Rafaela Chounavelle, ha manifestado que “el salto de la educación al empleo cuesta mucho trabajo, es una cuestión bastante complicada”. Otro de los puntos importantes es la necesidad de “que haya accesibilidad y se trabaje porque hay fondos, pero hay que ponerse manos a la obra”.

En este congreso “estamos dándole la vuelta a la realidad, intentado reflexionar sobre cuáles son nuestros derechos, porque solo pedimos lo que son nuestros derechos, y que se pongan encima de la mesa porque las leyes nos amparan”, ha apuntado Chounavelle. En este sentido, ha agregado que “solo hay que llevarlas a cabo y ejecutarlas, y tiene que haber un control por parte de las administraciones para que las leyes se cumplan”.

La presidenta de Acpacys ha expuesto que su colectivo está “satisfecho” con el trato que han recibido por parte de las administraciones, que han hecho posible este congreso al que han asistido personas de toda España; tanto afectados por parálisis cerebral como familiares y profesionales. “De aquí vamos a sacar muchas cosas que hemos aprendido para mejorar esta ciudad”, ha señalado.

Afectados por estos trastornos, familiares y profesionales acuden a esta cita

Por su parte, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha indicado que “Córdoba es el lugar idóneo para celebrar este congreso por lo que nuestra cultura tiene siempre de solidaria, de interculturalidad y de convivencia”.

Además, ha destacado que una de las razones de ser de las diputaciones es “asegurar un desarrollo vertebrado e igualitario de toda la provincia y esta consideración en lo territorial también se traslada al ámbito de lo social”. Con encuentros como este, “seguimos avanzando en esa Córdoba solidaria, participativa e igualitaria que todos queremos”, ha manifestado el presidente de la institución.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha explicado que el compromiso de la Junta de Andalucía con el colectivo de personas con discapacidad se refleja en que están desarrollando “el Plan integral para personas con discapacidad desde el punto de vista transversal, realizando políticas de empleo y para la mujer con discapacidad, porque le tenemos que dar esa perspectiva de género ya que son doblemente vulnerables”.

La intención es que la elaboración de este proyecto se haga de forma participativa. Al respecto, Ruiz ha señalado que “queremos escuchar sus demandas y vamos a abrir a toda la ciudadanía para que nos den sus aportaciones; y estoy segura de que en este congreso van a salir estupendas ideas para mejorar”.

La consejera espera “que haya por fin un pacto por las políticas sociales y consigamos aumentar la financiación, que es tan necesaria para la dependencia y para este colectivo en particular”.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha recordado que es importante que, al margen de la labor que realizan las asociaciones, las personas con parálisis cerebral “tengan la sensación de que no están solos, de que las administraciones públicas no los olvidamos”.

Carcedo ha apuntado que hay dos elementos guía para mejorar la atención a afectados por estos trastornos;por una parte la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por otra los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este aspecto, ha aseverado que “tenemos que repensar la convivencia para que incluya a todas las personas, independientemente de sus circunstancias y condición personal”.

Por último, la ministra ha reconocido que la parálisis política que vive España afecta “bastante” a los colectivos de personas con discapacidad. Por ejemplo, ha indicado que el Gobierno central había “previsto la reforma del artículo 49 de la Constitución”, para así actualizar “ese anacronismo” que se refiere como “minusválidos” a “las personas con discapacidad”.

También se ha referido a “los incrementos presupuestarios para atender a la dependencia, que es otra política que necesita un nuevo impulso”, al igual que “todo lo que tiene que ver con la financiación” de los “entes territoriales”. Para esto había previsto “incremento muy importante” en “los Presupuestos de 2019, que fueron rechazados en las Cortes”.