La vacunación contra el covid-19 de los reclusos de la cárcel de Córdoba ha comenzado este lunes, según han confirmado fuentes penitenciarias. Antes de ello se les ha dado una charla sobre los efectos secundarios de dicha vacunación dado que algunos presentan diversas patologías. Son 1.300 los reclusos que hay en la cárcel de Córdoba y, según ha podido saber este periódico, no todos están por la labor de que le inyecten la vacuna de Janssen, que es la que les corresponde. Además, hay dos presos de más de 80 años que están en la enfermería y a los que se les ha puesto la primera dosis de Pfizer.

Todo ello llega en un momento en el que la vacunación se ha disparado en Córdoba. La Consejería de Salud ha administrado casi 5.200 dosis diarias de la vacuna contra el coronavirus en Córdoba en la última semana. Desde el sábado 24 de abril hasta el 1 de mayo, las enfermeras de la sanidad pública han inyectado 36.273 dosis, la cifra más alta desde que comenzó el plan de inmunización el pasado diciembre.

Además, también ha habido un fuerte aumento del número de personas con la pauta de vacunación completa. Así, esta semana se han inmunizado 20.419 ciudadanos, lo que supone una media de 2.917 al día.

La incorporación del compuesto de Janssen ha acelerado el ritmo, a lo que se ha sumado una mayor llegada de frascos de Pfizer. A la provincia han llegado 3.450 dosis del compuesto de Janssen, de las que 1.200 se han administrado en el centro de salud Carlos Castilla del Pino de la capital.

El pasado mes de enero, un módulo de la cárcel de Córdoba, compuesto por unos 60 presos, fue aislado tras detectarse el un primer positivo en coronavirus entre los internos. Entonces, la sección sindical de CSIF Prisiones Córdoba reclamó a Instituciones Penitenciarias al cierre perimetral del centro de Alcolea y que se agilizara la vacunación de los cerca de medio millar de profesionales que desarrollan allí su labor. A mediados del pasado mes de marzo, Salud comenzó la vacunación de los funcionarios de prisiones de Alcolea con Astrazeneca. Sin embargo, según denunció CSIF, se quedaron fuera de este protocolo los trabajadores mayores de 55 años, que suponen casi el 50% del medio millar de funcionarios que desarrollan su labor en el Centro Penitenciario de Alcolea y del Centro de Inserción Social Carlos García Valdés.