La Fiscalía y las defensas de los 14 acusados del caso Fitonovo, entre ellos, un alto cargo y un técnico de ADIF de Córdoba, han alcanzado un acuerdo de conformidad, en el que todos ellos reconocen delitos, tres de ellos aceptan penas de cárcel de dos años, un año y medio y seis meses respectivamente; y el resto son absueltos por prescripción.

Estas son las conclusiones más destacadas ante el nuevo juicio que tenía fijado para este miércoles la Audiencia Nacional en torno a una nueva pieza de la macrocausa correspondiente a las comisiones ilegales y dádivas repartidas por la empresa sevillana Fitonovo a responsables de administraciones públicas, a cambio de la adjudicación de contratos o de falta de supervisión en la ejecución de los mismos.

En el escrito conjunto de conformidad elevado por las partes a la Audiencia Nacional y se detalla que el acusado Francisco Diego Cónsul Félix, empleado de ADIF en Barcelona, cobró 2.500 euros "de la caja B" de Fitonovo, "a cambio de favorecer a dicha entidad en materia de ejecución o adjudicación de contratos públicos"; mientras Enrique Finch Ramos, ya condenado por cohecho y falsificación de documentos, director de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional y director de Operaciones Sur, gerente de Mantenimiento de Córdoba, recibió más de un millón de euros por "favorecer a la citada empresa en la contratación, elaboración de informes técnicos y en la ejecución de los contratos" entre 2003 y 2012.

Además, José Antonio García Pascual, gerente del Área de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF en Zaragoza, recibió según el escrito "100.400 euros en concepto de ilícita comisión, a cambio de facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a Fitonovo", y José Guijarro Mata, técnico de Infraestructuras y Vías de ADIF en Sevilla, "por iguales conceptos percibió el abono de comisiones en 2005, 2009 y 2010 por importe de 3.700 euros, para beneficiar a Fitonovo en la ejecución de los contratos".

Igualmente, Luis Mata Rodríguez, técnico de infraestructuras de vía de la sociedad de capital público ADIF en la provincia de Córdoba, "percibió de Fitonovo en concepto de dádivas la cantidad de 22.904 euros, desde 2007 a 2012"; mientras Antonio Rodríguez Jurado, directivo de ADIF en Sevilla, en concreto gerente de Mantenimiento, percibió "entre los años 2001 y 2011, ambos inclusive, la suma total de 428.535 euros" y Juan Carlos Martínez Cantón, técnico de infraestructuras y vías en la entidad ADIF en la Jefatura de mantenimiento de Linares- Baeza, "en el contexto de favorecimiento de determinados contratos a Fitonovo, percibió en 2009 un total de 2.500 euros y dos regalos", uno de ellos un ordenador portátil.

Facturas falsas

De otro lado, los hermanos Juan Antonio y Rafael Echavarría Zafra, confeccionaron como empresarios "desde 2003 facturas falsas a la sociedad Fitonovo, pagadas por ésta última, existiendo entre ellos y el acusado Finch Ramos "un concierto previo para que la Sociedad Viveros San Rafael, propiedad de los primeros, cediera el importe de la base imponible al citado Finch Ramos, quedándose" los hermanos con el IVA.

En ese mismo sentido, Juan Antonio Madrid Cuevas, delegado de Cobra Instalaciones y Servicios en Andalucía, "abonó a Luis Mata Rodríguez, por cuenta de la empresa, el pago de estancias hoteleras del funcionario en Madrid, para él y su familia (tres personas) y, en distintas ocasiones, entradas para asistir a partidos del fútbol del Real Madrid, igualmente para él y su familia, al menos en septiembre de 2010, en atención a que éste llevaba a cabo tareas de supervisión de los contratos adjudicados por ADIF a esta mercantil en la demarcación en que Mata Rodríguez prestaba servicios".

Teófilo Cerón Luengo, según el escrito conjunto de conformidad, era empleado de la empresa Sistemsa y se dedicó a "abonar por cuenta de la empresa distintos pagos a Luis Mata, consistentes en pago de equipos informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el funcionario no dudaba en aportar a la empresa facturas de terceras empresas que le sirvieran a Sistemsa para justificar las salidas de efectivo por el pago de comisiones".

Finalmente, Manuel Lozano Ramos, "abonó por cuenta de Sistemsa a Luis Mata distintos pagos consistentes en pago de equipos informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el funcionario no dudaba en aportar a la empresa facturas de terceras empresas que le sirvieran a Siestemsa para justificar las salidas de efectivo por el pago de comisiones".

En el escrito conjunto de conformidad se reconoce la atenuante de confesión tardía, "al haber colaborado los acusados de forma especialmente relevante en función de la trascendencia de los datosaportados por dichas personas para el esclarecimiento de los hechos", así como la atenuante de "dilaciones indebidas", pues "han transcurrido desde la apertura de las diligencias previas y hasta la fecha del inicio de las sesiones más de ocho años".

Finalmente, el escrito conjunto de conformidad implica la imposición, a Enrique José Finch, de la pena de dos años de prisión, multa de 20 meses con cuota de 30 euros e inhabilitación especial por cinco años; a Antonio Rodríguez Jurado la pena de un año y seis meses de prisión, multa de 12 meses con cuota de 20 euros e inhabilitación especial por cuatro años y a Luis Mata Rodríguez seis meses de prisión, multa de cinco meses con cuota de diez euros y diez meses de inhabilitación especial.

Además, en el documento pide que con respecto al resto de acusados "se proceda a la absolución por prescripción", además de que la Fiscalía apoya "la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad que, aceptadas por los propios acusados", tres en concreto, han de imponerse en esta causa.