Cáritas ha pedido a la Junta de Andalucía que "reconsidere" la decisión de "eliminar" el concierto de 14 plazas para mayores de 60 años del Hogar Residencia de San Pablo de Córdoba, cuyos beneficiarios serán realojados en otros centros públicos.

El director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz, ha explicado que la situación es "dramática" ya que los 14 mayores que deben abandonar el centro "no se quieren ir" y ha asegurado que la organización "no echará a nadie".

Ruiz ha recordado que la residencia, con 40 plazas y 14 de ellas concertadas, lleva desde 2009 prestando servicio a personas mayores de 60 años que "se recogen de la calle" y que "no tienen familia, ni ingresos", por lo que se encuentran en una situación "de extrema vulnerabilidad".

El centro, en el que trabajan hasta 15 personas, se sustenta con "fondos privados" y, hasta ahora, con el concierto de 14 plazas "que llegaron a ser 20", por lo que la eliminación "pone en riesgo el futuro de este hogar para personas que no tienen nada", ha alertado Ruiz.

Ha añadido que los 14 mayores que deben ser realojados, muchos de ellos con casi una década de residencia en lo que "consideran su hogar", han recibido la comunicación "con tristeza e indignación", e incluso, "se han puesto a llorar".

Asimismo, el director de Cáritas en Córdoba ha lamentado que la administración regional les haya comunicado que "no pueden hacer nada" ya que "mientras haya plazas libres en otros centros" se deben realojar a los mayores en los mismos.

Sin embargo, la situación de realojo supone un "transtorno para estas personas" al tener que "abandonar su hogar" y a los que "consideran su familia", tanto a los "compañeros de residencia" como a las "personas que los atienden a diario", ha concluido.

La Junta responde

Desde la Junta han explicado que la mayoría de afectados se reagruparán juntos en otra residencia, la del Figueroa, excepto dos que saldrán de Córdoba por petición propia.

El Gobierno andaluz ha insistido en que "por ley" no se puede prorrogar el contrato con Cáritas, firmado en 2015 (prorrogado en 2017) y que finaliza el día 15 de este mes.

Desde la Junta han apuntado que se garantizará "el bienestar y la protección" de estos usuarios "en el entorno más cercano posible".