Los trabajadores del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en Córdoba han organizado una protesta este viernes por la "situación caótica" que vive este sistema, que en la actualidad tiene pendientes alrededor de 170 casos de niños en situación de desamparo por "maltrato grave".

Según cuenta Pepe León, coordinador de Equipos de Menores, debería haber cuatro psicólogos y cuatro trabajadores sociales (según la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta, RPT) pero, sin embargo, a día de hoy solo hay dos trabajadoras sociales (el 25% de la plantilla) y cada una de ellas lleva unos cien casos, más otros pendientes de inicio. 

Ellas son las que deben hacer las valoraciones y las propuestas de las medidas para proteger a los menores. "Ahora mismo, con los casos de urgencia que entran tienen bastante, el resto están acumulándose", denuncia León.

Esto ha provocado que haya casos que tarden en resolverse y que incluso los técnicos de la Diputación o los ayuntamientos lllamen al Servicio de Protección de Menores al notar la tardanza en la resolución de los expedientes que les han enviado. Así, León asegura que "hay 170 casos pendientes de valorar y tomar las medidas de protección porque no podemos atenderlos".

"Son niños que están en situación de desamparo según los informes que han hecho los servicios sociales y los equipos de tratamiento familiar y nosotros tenemos la obligación legal de coger esos casos, tomar las medidas más adecuadas para ellos y luego intentar que se reintegren con sus padres", sentencia.

El portavoz de los trabajadores ha aseverado que viven una "situación caótica, catastrófica y de daño a los niños que están sufriendo maltrato, que dicen los técnicos que han llevado el caso en los ayuntamientos que son graves y que están ahí sufriendo: no van al colegio, no están bien alimentados, el padre les pega, la madre no sabe cuidarlos...". "Los niños van deteriorándose cada vez más y nosotros no podemos, y eso duele mucho", confiesa.

Esta situación ha provocado problemas de salud mental como ansiedad y depresión en algunos trabajadores, también hipertensión o insomnio, según cuenta León, mientras que otros han pedido el traslado a otros servicios, incluso personas que llevaban muchos años desarrollando su labor aquí "y les encantaba su trabajo".

"El deterioro de este servicio es tal que se han ofertado plazas y nadie las quiere, viene gente forzada", apunta. Los trabajadores quieren que los puestos sean de estructura y no de base, como son el la actualidad, para que haya una estabilidad en la plantilla. 

León resalta que la RPT que hay está "obsoleta" porque se hizo en el año 2000, cuando "Menores era un servicio que estaba creciendo" y no había "la cantidad de trabajo que tenemos nosotros ahora".

Así, "el trabajo ha ido incrementándose dada la capacidad de detección de situaciones de desamparo, lo que quiere decir que están llegando casos por un tubo", señala. Antes, "tener 40 casos era lo normal y 60 eran muchos; ahora, cada una de las trabajadoras sociales tienen 100 casos", lo que es "una barbaridad".

La protesta se repetirá todas las semanas y se centrará en un departamento distinto ya que en todos hay falta de personal y problemas de salud de los profesionales por la falta de recursos para poder llevar a cabo su labor de protección de los menores.