El sindicato CSIF Córdoba pone en marcha una campaña con la que intensifica su compromiso en la defensa de la enseñanza pública coincidiendo con el proceso de escolarización que se abre este mes y que este año viene marcado por el nuevo decreto aprobado por el Gobierno andaluz y que supone un claro ataque a la escuela pública.

Dicha campaña, en la que se anima a los padres y madres a que escolaricen a sus hijos e hijas en la red de centros educativos públicos de Córdoba y de Andalucía, se fundamenta en los valores propios de los servicios públicos, tales como la independencia, la igualdad, la garantía del bienestar común y la profesionalidad. Este mensaje se articulará a través de los distintos cuadros del sindicato, de su afiliación y a través de las redes sociales.

Los valores que inspiran esta campaña y que CSIF defiende “son el aval de un modelo educativo garante de una sociedad libre, comprometida, plural y plenamente formada para afrontar con éxito los retos del futuro”, según manifiesta el responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Samir Wahab. “La escuela pública cuenta con grandes profesionales”, subraya el dirigente sindical, que agrega que “las sociedades modernas que piensan en el futuro y en el bienestar de todos y todas se construyen desde los valores que forjan lo público”.

Para Wahab, “la enseñanza pública ofrece garantía de calidad, equidad, gratuidad y transparencia y se fundamenta en un profesorado excelente que da, cada día, lo mejor de sí mismo”, resalta el máximo representante del Sector de Educación de CSIF Córdoba. Asimismo, destaca el carácter vertebrador de la escuela pública, “que está presente en toda la geografía cordobesa y que ofrece una oferta formativa amplia y diversa que, en su propio ADN lleva implícita una atención a la diversidad para no dejar a nadie atrás”, afirma.

Esta campaña, que el sindicato CSIF desarrolla en Córdoba y en Andalucía cada año al acercarse el inicio de la escolarización, cobra especial relevancia en esta ocasión debido a la modificación del decreto que regula este proceso, que va en detrimento de la enseñanza pública y que ha provocado la convocatoria de huelga para el próximo 4 de enero.