La CHG impuso 107 sanciones en el último año por abrir pozos ilegales

La realización de obras irregulares motivó la apertura de 287 expedientes sancionadores, mientras que los técnicos detectaron 239 casos de vertidos · Las multas oscilan entre los 6.000 y los 600.000 euros

Clausura de un pozo ilegal detectado por la Confederación Hidrográfica el año pasado en un olivar.
Clausura de un pozo ilegal detectado por la Confederación Hidrográfica el año pasado en un olivar.
Ángel Robles

08 de junio 2009 - 01:00

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La desertificación avanza como consecuencia del cambio climático, pero todavía hay quien no se resiste a perforar su parcela en busca de agua para llenar la piscina en verano, regar su jardín o tener el suministro asegurado en el chalé durante el estío. El resultado de esta conducta irrespetuosa con el medio ambiente es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) abrió a lo largo del año pasado 107 expedientes por construir pozos ilegales en la provincia, lo que supone un incremento del 44% respecto a los datos de hace un lustro.

La derivación de aguas subterráneas sin concesión o autorización representa el 13% de todas las multas impuestas por el organismo gestor de la cuenca del Guadalquivir el año pasado. Excederse del derecho de captación para los cultivos de regadío suele ser una de las prácticas irregulares más comunes en esta categoría, aunque la Confederación también detectó otro tipo de transgresiones. En verano, por ejemplo, la puesta a punto de las piscinas supuso una auténtica prueba de fuego, mientras que otras veces la irregularidad se cometió de forma inconsciente, sobre todo cuando las sanciones van dirigidas contra las administraciones. Lo más habitual en este apartado son las filtraciones en las tuberías por el mal estado de la red de abastecimiento.

Durante 2008, el organismo abrió en la provincia un total de 823 procedimientos sancionadores -un 133% más que en 2005. Además de la derivación irregular de aguas, la CHG penalizó otro tipo de prácticas: la calidad de los líquidos vertidos y las obras en los cauces. Frente a lo que ocurría en años anteriores, ésta fue la irregularidad más habitual detectada en el último ejercicio aparte, con un total de 287 casos investigados.

A pesar de esto, los vertidos incontrolados (239) constituyen el mayor quebradero de cabeza para los técnicos por la agresión al medio ambiente que suponen. En algunas ocasiones, se trata de líquidos incontrolados o sin autorización (78 casos en total), aunque otras veces la multa se impone por superar el nivel contaminante autorizado. Los casos más habituales de este último apartado fueron aquellos en que las empresas sobrepasaron el nivel de sólidos en suspensión que pueden arrojar en la cuenca, informó la CHG.

Las denuncias fueron dirigidas a todos los sectores, si bien la agricultura y la ganadería fueron mayoritarias por tratarse de los campos productivos más presentes en la provincia. Merece una mención especial el cultivo del olivar, ya que el alpechín -una sustancia de gran poder contaminante resultado de la molienda de la oliva- suele ser uno de los vertidos más comunes en Córdoba. Las sanciones impuestas oscilan entre los 6.000 y los 600.000 euros -las de extrema gravedad- y son el resultado de aplicar el artículo 117 de la Ley del Agua. El informe de la CHG recoge que en 2008 se abrieron ocho expedientes por situaciones muy graves, lo que supone un 1% del total, y 24 por actos graves, el 2,9%.

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