El Banco de España fija una sanción de 180.000 euros para Gómez Sierra

El Banco de España propone una sanción de 180.000 euros para el último presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra, por su gestión como máximo responsables de la entidad intervenida el 21 de mayo de 2010 por el órgano supervisor. Según pudo saber ayer El Día, el hoy obispo auxiliar de la Diócesis de Sevilla se enfrenta a la mayor de las multas de cuantas se han interpuesto contra los antiguos responsables de la entidad de ahorro cordobesa, hoy bajo la égida del grupo BBK. Los cargos que pesan sobre él son los mismos que recaen sobre los miembros de la Iglesia que integraban la cúpula de la antigua caja y sobre aquellos que votaron en contra de la fusión con Unicaja -impositores y Aspromonte-, que se frustró en el consejo del 21 de mayo de 2010. Pero las sanciones van más allá y afectan a todos aquellos que ocuparon cargo en el consejo o en la cúpula directiva de la caja desde junio de 2005.

Las imputaciones se ciñen a varias vertientes. La primera son las deficiencias en los mecanismos de control de riesgos de la entidad, derivados sobre todo de la excesiva concentración crediticia en el sector inmobiliario; otra de las vías que motivan la propuesta de sanción es la que se refiere al incumplimiento del plan de actuaciones aprobado el 28 de julio y ratificado en diciembre de 2009, que estaba dedicado a la fusión con Unicaja como único mecanismo viable para salvar la delicada situación en la que se encontraba Cajasur. Los otros dos motivos de sanción se sustancian en los incumplimientos del coeficiente de solvencia y en el exceso de concentración inversora en tres grupos empresariales concretos.

Gómez Sierra, cabeza visible de la Iglesia y de los que votaron en contra de la fusión, representa al grupo que sale peor parado de esta propuesta de sanciones, pues hay que diferenciar entre aquellos que votaron en contra de la fusión con la caja malagueña, a los que se les imputa la parte de la negativa a la fusión y al no cumplimiento de los planes fijados con el Banco de España, con respecto a aquellos que tomaron parte del consejo y de la dirección de la entidad pero quisieron que se aceptara la unión con la caja de Medel. A estos últimos sólo se les fijan sanciones por conceptos relacionados por la gestión pura y dura de los últimos cinco años de la caja.

Así las cosas, aparte de los 180.000 euros que se proponen como sanción para Gómez Sierra, aparecen en el expediente los 135.000 que se reclaman a los impositores en conjunto; los 142.000 que se piden a Fernando Cruz-Conde, vicepresidente ejecutivo de la entidad en aquellos momentos, y los 137.000 que se proponen como multa para el canónigo Alfredo Montes. A Juan Moreno, presidente de la caja anterior a Gómez Sierra, se le demandan 50.000 euros. Y es que en su etapa como máximo responsable comenzaron los mandatos del Banco de España de contención del riesgo inmobiliario. En cuanto a los directores generales de los años comprendidos entre 2005 y 2010, también aparecen en este expediente sancionador del ente supervisor. En concreto, Francisco José Jurado y José Ruiz cuentan con una multa de 45.000 euros cada uno y Antonio Barral con 36.000.

Las fuentes consultadas por este diario apuntan a que el importe de las sanciones que afectan tanto a la Iglesia, en mayor grado, como a la clase política son proporcionales a lo que el Banco de España entiende como su responsabilidad en la última etapa de Cajasur. Además, según pudo saber El Día, las multas tienen en cuenta el tiempo que cada uno de los afectados por las sanciones estuvieron en el cargo en la última etapa de la caja. Estas sanciones cuentan con la posibilidad de un recursos por parte de los afectados por la disposición.