El Banco de España rechaza todos los eximentes del descontrol de Cajasur

El Banco de España no ha aceptado prácticamente ninguno de las argumentos eximentes alegadas por los 38 altos cargos de Cajasur que finalmente serán sancionados por diversos aspectos de la gestión de la entidad financiera y que concluyeron con la intervención de Fondo de Rescate Ordenado Bancario (FROB). La propuesta de sanción multa a la gran mayoría de las personas a las que se le abrió un expediente disciplinario, todos los presidentes desde 2005, los miembros del consejo de administración (y dentro de éste, de la comisión ejecutiva) y los directores generales, excepción hecha de Carlos Senent y José Antonio Arcenegui, a los que se exonera de toda responsabilidad, bien por el escaso tiempo que estuvieron al frente de la caja, bien porque el Banco de España entiende que intentaron poner en marcha determinados instrumentos para controlar y paliar la situación.

LA JERARQUÍA

La diferenciación de las sanciones se fundamenta en la posición que ocuparon cada uno de los ex altos cargos en la estructura de la caja (presidentes, vicepresidentes, vocales), su especialización (si formaron parte de las comisiones de riesgos, inversiones o el consejo del Grupo de Empresas Cajasur), el tiempo en el que estuvieron en el cargo y su posición de poder, información y voto final durante la fallida fusión con Unicaja. El hecho de que la mayor sanción le corresponda al obispo auxiliar de Sevilla y ex presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra (170.000 euros de multa y dos años de inhabilitación), así como a miembros del Cabildo y los impositores tiene que ver con la negativa a la unión con Unicaja, a que estaban en el cargo cuando los recursos propios se redujeron bruscamente ante los fallidos en cadena dado el elevando riesgo al que estaba expuesta la entidad financiera. Además del prelado auxiliar de Sevilla, otro alto cargo de la Curia, el actual obispo de Bilbao, Mario Iceta, con una sanción económica de 30.000 euros.

Existe un cargo común, el del descontrol interno de la caja, que es común a todos. Es el castigo que impone el Banco de España a casi todo aquel que fue alguien en la última etapa de la entidad. Sacerdotes, ejecutivos, impositores, sindicalistas y políticos. El Banco de España no ha considerado ninguno de los argumentos expresados por las partes. Los sacerdotes del Cabildo, con defensa común salvo el ex vicepresidente Fernando Cruz Conde (142.000) euros, intentaron defender sus posiciones asegurando que los problemas de falta de control interno arrastraban desde la época de Miguel Castillejo, que nunca se inición infracción alguna y que ellos tomaron medidas para devolver la caja a una cierta senda de normalidad. Además, culparon del deterioro general del negocio bancario y a la crisis y enumeran distintos intentos por reducir el riesgo. El Banco de España rechaza de plano todas esas tesis y asegura que se aprobaban manuales y documentos internos pero que el impacto real de esa documentación era más formal que efectivo. Reconoce cambios en la entidad pero constata que nunca llegaron a implantarse de forma seria controles que pusiesen coto a esta cuestión. Enumera operaciones de altísimo riesgo inmobiliario aprobadas, incluso, en sesiones del consejo de administración donde se también se debatía cómo reducir ese riesgo con documentación insuficiente. Y operaciones, a modo ilustrativo, de suelos que en apenas 24 horas duplicaban su valoro iniciativas corporativas, como la adquisición de Arenal Sur 21, cuyo valor actual es inexistente (dice la sanción), que se efectuaron por motivos ajenos a la viabilidad del negocio de la entidad financiera y sobre informes técnicos que se califican de erróneos. Sobre los intentos de reducir el riesgo promotor, el Bando de España utiliza un dato bastante expeditivo: entre 2004 y 2009, el crédito a los promotores creció un 90%, de 1.380 millones a 2.622 millones.

PROYECTO SÉNECA

La parte final, el plan frustrado de fusión con Unicaja, constituye el cargo propio de los miembros del Cabildo, Aspromonte y los interventores que rechazaron esta vía. La explicación que presenta esta parte del último consejo de administración es que el proyecto Séneca -la fusión Cajasur-Caja Murcia- "fracasó porque el Banco de España no logró aprobar el decreto del FROB que eliminaba la autorización previa" de las autoridades autonómicas en uniones de dos territorios. Alegan, en segundo lugar, que Unicaja no quería integrar Cajasur "sino eliminar un competidor". Y explican la intervención del FROB como una especie de iniciativa pactada. Según el relato, el presidente de La Caixa y de las cajas de ahorros españolas, Isidre Fainé, llamó a Santiago Gómez Sierra para recomendarle que se acogiese al fondo e, incluso, sostiene que Gómez Sierra "programó" esta cuestión con el Banco de España. El director general de Supervisión del regulador dice en su testifical que advirtió al expresidente de Cajasur que la entrada en el FROB suponía la reestructuración de la entidad. "Hubieron de conocerse la existencia de otras consecuencias previstas en la normativa, como es la exigencia de responsabilidades administrativas en el ámbito sancionador", dice la propuesta del Banco de España. Gómez Sierra corre con la multa principal de este asunto, 55.000 euros, por su protagonismo en esta cuestión. Una curiosidad es que se exime de sanción a Miguel Contreras, el político del PP que optó por abstenerse.

POLÍTICOS DE PSOE E IU

Aunque sus sanciones sean menores, a los políticos que ocuparon cargos en Cajasur no se les aceptan la mayor parte de las alegaciones expresadas sobre su labor. A los que estaban ya en 2005 (José Antonio Nieto, Luis Martín, Francisco Cárdenas) no se les admite el argumento de que el asunto era cosa juzgada (pues hubo un expediente sancionador previo). Tampoco se admite el argumento de que estuvieron poco tiempo en el consejo. Principalmente, el Banco de España rechaza que se diga que los políticos no tenían un papel de relevancia porque en Cajasur mandaban los sacerdotes y los ejecutivos. El regulador utiliza el criterio de la jerarquía para imponer aquí las sanciones, razón por la cual los exvicepresidentes Salvador Blanco y Juan Ojeda reciben una multa de 78.000 y 74.000 euros.

Entiende el Banco de España que si tenían un cargo de la responsabilidad como miembros del consejo de administración, tenían la misión de realizar una vigilancia exhaustiva de las operaciones que no tuvo lugar. Los consejeros de adscripción política alega que no pudieron, que no se les facilitaba información. El Banco de España los sanciona porque, habiendo tenido herramientas legales para cumplir su labor, no las ejercieron. De hecho, la propuesta de sanción rechaza la visión de los políticos del PSOE e IU de que coordinaban sus tomas de posición ante la otra parte del consejo de administración. El Banco de España recuerda, por ejemplo, que los foros de decisión votaron por unanimidad operaciones crediticias con promotores, algunas con informes en contra de los técnicos de riesgos de la entidad.

LA PELEA INTERNA

"La actitud crítica y beligerante que se refleja en las intervenciones de los señores Ojeda, Hens, Blanco y Ocaña no constituyen prueba alguna de la actitud positiva y no permisiva que debieron mostrar estos expedientados", dice la sanción. "Queda evidencia de la conformidad de los miembros del consejo (independientemente del grupo al que pertenecieran) con las políticas de control interno de la caja, existiendo unidad de decisión al respecto", afirma el texto en la página 148.

El Banco de España tampoco entiende que sea una prueba eximente a favor de este sector del consejo que efectuaran requerimientos sobre la marcha de la entidad y su relación con el regulador. "No puede invocarse como una muestra de la actitud activa de estos consejeros en relación con las políticas de control interno de Cajasur no va acompañada de decisiones concretas", se lee en el documento, notificado a las partes. Los enfrentamientos internos, dice, sólo prueban desconfianza.

El Banco de España realiza una defensa cerrada de su labor de supervisión ante las denuncias de distintos expedientados de que llevó a cabo una política pasiva mientras Cajasur se hundía. Dice que se le intenta cargar con las responsabilidades del consejo.