El informe que tenía que realizar la Gerencia de Urbanismo por mandato del Pleno del Ayuntamiento sobre la reforma del Puente Romano vio ayer la luz, justo un día antes de que el presidente de la Junta de Andalucía abra al público una obra que ha estado más de dos años con albañiles. El documento, elaborado por la Oficina del Casco Histórico, no pone ni un pero a los elementos más polémicos de la obra, que fueron quienes motivaron su petición a propuesta de los grupos municipales de IU y PP.

El dictamen sí recuerda que la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía reclamó una reflexión en profundidad de los elementos del proyecto que han suscitado mayor debate en la sociedad. Sin embargo, ni las losas de corte industrial de granito rosa, ni las luminarias de corte moderno o el derribo de los pretiles genera ninguna reflexión crítica por parte de los autores del documento, dos altos responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El presidente del organismo autónomo, Andrés Ocaña, manifestó ayer que el informe ha tardado tanto en elaborarse “porque hemos preferido a aguardar a que la obra esté desarrollada para tener una imagen cierta”. Ocaña aseguró que el proyecto de la Junta cumple con lo establecido en el Plan Especial del Casco Histórico, que considera la losa de granito como un material de uso permitido en la zona patrimonial.

Una cuestión que sí suscita una sucinta reflexión en el informe es si se ha cumplido con la obligación de conservar integralmente el monumento, tal y como se establece en la normativa, ya que han desaparecido elementos o se han reconstruido otros. El dictamen de la Gerencia admite que es difícil establecer qué son elementos originarios y cuáles añadidos en un monumento como el Puente Romano, con una historia llena de vicisitudes. Los expertos reconocen no ser capaces de establecer cuáles son las “características originarias” o la “unidad arquitectónica original” del único paso fluvial que tuvo la ciudad hasta el año 1953.

En cualquier caso, el dictamen sí tiene claro que todas las determinaciones que se han tomado durante la obra, son responsabilidad de la Junta, tanto por parte de Obras Públicas como por la Dirección General de Bienes Culturales, que es la competente en materia de gestión de BIC, según el informe municipal.