El Ayuntamiento y la Diputación gastan 3,5 millones en asesores

La confianza es, en política, cuantificable. Lo dicen los presupuestos y son las partidas que destinan cada año las instituciones públicas para sus equipos más próximos, el llamado personal de libre designación, encuadrados bajo el epígrafe genérico de asesores. El Ayuntamiento y la Diputación acumulan ya un gasto anual relevante en la partida de personal directamente relacionada con el trabajo de apoyo a los políticos. En total, ambas instituciones pagan anualmente en torno a 3,5 millones de euros en los salarios de estos profesionales elegidos por los partidos o por los responsables políticos. El Ayuntamiento dispone de 2,5 millones para esta cuestión (cuatro veces lo que cuesta la plantilla del zoo, 19 veces lo que se gasta en personal de Medio Ambiente) mientras que la Diputación abona en torno a un millón de euros anuales (819.000 euros netos más aportaciones a la Seguridad Social).

Que ese dinero esté o no bien gastado es harina de otro costal. Buena parte del personal de confianza realiza labores importantes de apoyo a los responsables públicos en largas jornadas laborales con una seguridad en el empleo bastante precaria (no hay indemnización por despido y, hasta hace relativamente poco, ni siquiera subsidio por desempleo). Que una parte de estos asesores sean periodistas se explica por la negativa de las instituciones a convocar oposiciones alegando que son puestos que exigen una confianza que no se le reclama a abogados, ingenieros o economistas.

La parte negativa radica en la falta de control de estos presupuestos. Tradicionalmente, los partidos -todos- han utilizado estos fondos para su financiación derivando personal público a las estructuras políticas. No es extraño que haya personas que constan como personal del Consistorio sin haber pisado nunca una de sus oficinas o que se detraiga parte de la nómina del asesor para abonar los gastos de la formación política.

En el Ayuntamiento, una parte directa del personal de libre designación depende de la estructura del gobierno. La Alcaldía dispone de fondos para contar con un grupo de apoyo de 12 personas con un presupuesto global en salarios de 700.000 euros. Entre 1995 y 2000, ese grupo era de cuatro personas incluyendo al director del Plan Estratégico de Córdoba (PEC). Un asesor base dispone de un salario bruto de 55.795,3 euros anuales mientras que la nómina más elevada, la de director de proyectos, asciende a 69.175 euros.

Que el Consistorio disponga de un gasto mayor que la Diputación se debe a que la institución municipal creó la figura de los coordinadores generales. Sobre el papel, se trata de altos directivos municipales. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se trata de personas que asesoran a los delegados asignados. La razón es que el Ayuntamiento creó los cargos pero no fijó su papel en la estructura organizativa del gobierno municipal. Los coordinadores caminan entre dos aguas. Supuestamente, son parte de la Administración. Pero tienen serias limitaciones en cuanto a disposición de gasto o toma de decisiones. Al margen de ello, se trata de las figuras más envidiadas de la estructura municipal por lo que cobran, un mínimo de 76.209 euros anuales (tras la subida del 6% del pasado mes de junio). Los que son funcionarios de carrera conservan los derechos de antigüedad de su antiguo cargo, lo que explica que en algún caso haya salarios de 82.000 euros anuales. La alcaldesa percibe por su trabajo en la corporación 78.496 euros al año brutos. El gobierno de coalición elevó los cuatro coordinadores del anterior mandato a nueve puestos.

El personal dependiente de los grupos municipales consume 1,3 millones de euros, que son los que se encuentran menos controlados. Ni siquiera su reparto es equitativo, pues obedece a la coyuntura política. IU dispone de 0,9 empleados de apoyo por edil (10 personas), el PP disfruta de 0,7 asesores y administrativos (11 personas) mientras que por cada concejal socialista hay 1,75 asesores (7 trabajadores). Los salarios de estos profesionales oscilan entre los 51.434 euros de un coordinador de grupo y los 39.216 euros de un administrativo, aunque haya que reseñar que hay quien no percibe esas cantidades en su integridad.

El número de personas que integran las oficinas de los grupos municipales se pactan en cada mandato por los portavoces. Y en los últimos años no ha dejado de crecer. En los presupuestos de 2002 aparece consignada una partida de 1,1 millones para todo el personal de confianza.

La Diputación, por su parte, destina algo más de un millón de euros brutos (seguridad social incluida) para pagar la nómina del personal de confianza. El caso de la institución provincial es paradigmático de lo que ocurre con los gobiernos en minoría, que ceden en este tipo de aspectos para obtener tranquilidad en otras cuestiones de gestión. En el mandato de 2003, se pactó un incremento de asesores y administrativos, de los 27 existentes a los 42 resultantes. En el PP aseguran que el incremento no fue ni es proporcional y que la subida se realizó a beneficio de inventario del partido en el gobierno y a quien le prestaba un apoyo directo, PSOE e IU. Pese a que la realidad política ya es otra, los números se mantienen estables, lo que permite a los partidos contar con un yacimiento de empleo estable. Once de estas personas trabajan a las órdenes directas del presidente de la institución, Francisco Pulido, en aspectos como la coordinación política. La Diputación ha sido criticada en muchas ocasiones por utilizar sus empresas y organismos autónomos para emplear a antiguos cargos municipales del PSOE.